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Viernes 18 de mayo 2018
Los dos jueces bajo la lupa por el caso
del ginecólogo Carlos Martínez, Pablo
Oritja y Pablo Flores, que han devenido
en una ola de críticas hacia la justicia
en general, serán la excusa perfecta
para demostrar mano dura, cambio de
política y trazar una línea respecto a las
conductas que deben asumir los magis-
trados. Pero, como siempre dicen, “
hay
que tirar para no aflojar pero a veces
aflojar para que no se corte
”, por eso
también hubo señales positivas y
pasan por lo económico.
En este sentido ya se anunció que bus-
can equiparar los sueldos provinciales
a los de la Justicia Federal. En este in-
tento, hay un signo inocultable de que
la mano de De Sanctis está presente.
Este reclamo se hizo hace algún
tiempo pero se le bajó el perfil, te-
niendo en cuenta la enorme diferencia
que hay entre los sueldos de la Justicia
en general y el resto de la administra-
ción pública. Hace dos años la Corte
dijo no a esta posibilidad y ahora ya de-
cidió otorgar un incremento del 10 por
ciento a cuenta de esa equiparación.
La decisión de “justicia social”
adoptada por la Corte no cayó para
nada bien en el Ejecutivo
. Es que esa
equiparación, en momentos en que las
cuentas se sacan de manera muy fina,
profundiza la “grieta salarial” que existe
entre la justicia y el resto de la adminis-
tración pública. Precisamente el Ejecu-
tivo otorgó en marzo una mejora
salarial del 17 por ciento en dos tramos
y una cláusula de revisión, lo que fue
adoptado por la Corte para sus emplea-
dos, pero que se verá mejorado con el
10 por ciento extra que percibirán a
cuenta de la equiparación salarial con
los federales.
Hay también un cambio de política co-
municacional. De Sanctis está dis-
puesto a responder a la prensa y se
suma el secretario administrativo Javier
Vera. Es así como hicieron gran difu-
sión a las notificaciones electrónicas –
más allá de pasarlo dos veces a la
puesta en marcha- y buscan apurar la
finalización del proyecto del nuevo Có-
digo Procesal Penal, algo que ya lo
preveía la Constitución de 1986 y que
transforma a la justicia sanjuanina en la
más atrasada del país.
Los casos
de la discordia
C
uando estalló el escándalo por
las denuncias en contra del gi-
necólogo, las que totalizan ca-
torce, empezaron a surgir datos. Por
ejemplo que en el departamento Jáchal
-
juzgado a cargo de Pablo Oritja
-
había radicada una denuncia del año
pasado, o que en el Primer Juzgado de
Instrucción el exjuez
Leopoldo Zavalla
Pringles
había dejado prescribir la pri-
mera denuncia que databa del año
2006 y por la cual ni siquiera hubo inda-
gatoria.
Luego apareció el más grave de los he-
chos, la causa, en teoría, prescripta en
el Segundo juzgado de Instrucción –
a
cargo del juez Pablo Flores
- cuando
en realidad solo había que elevarla a
juicio porque el procesamiento había
quedado firme.
Cuando se creía que había pasado el
sacudón, apareció otra vez en escena el
juez de Jáchal con actas de testimonia-
les e indagatoria sin firmar y con dudas
sobre otra causa tan sensible como esa:
la de un DT de fútbol de Iglesia proce-
sado por abuso.
Pero el tema no pasa solo por lo jurí-
dico, sino más bien por un tema político,
la Corte no está dispuesta a dejar pasar
la ocasión para enviar un fuerte men-
saje a los jueces: más trabajo y menos
relajamiento. El propio De Sanctis anun-
ció, a poco de haber asumido, que su
intención era terminar con la feria judi-
cial de julio, son quince días en los cua-
les se ve en tribunales solo a
empleados, jueces y funcionarios de
turno y algún que otro magistrado que
entendió de qué se trata esto de ser
juez.
¿Los errores
jurídicos se pueden
enmendar?
S
egún las explicaciones jurídicas,
la jurisprudencia y la mitad de la
biblioteca, el caso de las omisio-
nes en las cuales cayó el juez Oritja se-
rían perfectamente subsanables y no
ameritarían dictar la nulidad de algunos
actos procesales, tales como una decla-
ración indagatoria y dos declaraciones
testimoniales. A esto se le suma que ni
el abogado defensor de Martínez ni el
fiscal pidieron la nulidad.
Sin embargo, la Corte se plantó y no
dejó que Oritja se reincorporara antes
de lo previsto –como éste había pedido
por nota- y lo quiere lejos del juzgado
mientras dure la auditoría. Distinto fue el
trato para el juez Pablo Flores, a quien
le negó la licencia y lo mantiene en el
juzgado mientras se realiza la auditoría.
Lo de Oritja tiene un antecedente. Hace
poco más de un año, debía resolver el
levantamiento de una cautelar para que
Veladero empezara a procesar nueva-
mente. El juez entendió que la compa-
ñía no había cumplido con los
requerimientos, se fue de vacaciones y
dejó al juez subrogante con la tarea de
decidir. Para el gobierno era clave que
resolviera, pero el magistrado encontró
razones para no levantar la cautelar y
que lo hiciera quien lo reemplazó. Tal
vez ese sea el antecedente que, su-
mado a este hecho nuevo, lo tiene con-
tra las cuerdas.
El sistema de Flagrancia es el gran acierto del Ministerio Público
