dujo el 25 de agosto del 2017 pero las
fotos del instrumental datan del 22 de
agosto, en esa semana ninguno de los
médicos prestaron servicio en Clínica
Santa Clara.
Las pinzas se encontraban en un lugar
privado al que solo accedían los profe-
sionales, razón por la cual se sostiene
que es falso lo que se denuncia, porque
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Viernes 15 de junio de 2018
¿LA DENUNCIA POR INSTRUMENTAL ROBADO DEL RAWSON FUE ARMADA?
La estrategia de la defensa que
jaquea una causa escandalosa
De acuerdo al planteo de la defensa, es
común que los profesionales lleven su
propio equipamiento, independiente-
mente de lo que disponga la unidad sa-
natorial o el hospital.
En la causa hay cosas que no cierran,
según Bueno:
La denuncia anónima telefónica se pro-
Es una denuncia que se hizo
de forma anónima en agosto
del 2017. Detuvieron a tres
profesionales. Se les acusó de
robar instrumental quirúrgico y
usarlo como propio. Ahora,
con nuevos datos, la causa
parece armada.
F
otos tomadas antes de la fecha
que indica la denuncia, instrumen-
tal quirúrgico que es propiedad de
los médicos denunciados, una idónea en
instrumentos que no distinguiría con cer-
teza cada uno de los elementos de ciru-
gía, son algunos de los argumentos que
la defensa del médico Diego Basualdo, y
la instrumentista quirúrgica, Patricia Que-
vedo, desplegó para tirar por tierra la de-
nuncia de agosto del año pasado
mediante la cual se descubría-supuesta-
mente- una red de profesionales de la
salud que robaban costosos elementos
de uso en un quirófano y le sacaban pro-
vecho personal.
La denuncia fue hecha por el ministerio
de Salud a instancias de una llamada
anónima que indicaba que en un conte-
nedor de residuos había un CD conte-
niendo fotos de los elementos que
usaban los dos profesionales y que eran
del hospital público, según los primeros
datos que en ese momento manejaban
los investigadores y el juez del Segundo
juzgado de Instrucción, Pablo Flores.
Las dudas que
planteó al defensa
A
cargo de la defensa de ambos
profesionales está el abogado
Juan Bautista Bueno. El letrado
recordó que una llamada telefónica alertó
que en Newbery y avenida Córdoba
había un conteiner y en el interior pinzas
y tijeras y que pertenecían al hospital.
Por esa razón se ordena la detención de
Diego Basualdo, Alejandro Balmaceda y
la instrumentista Patricia Quevedo.
la persona que sacó las fotos tuvo el
instrumental en a mano.
Las fotos podrían ser parte de una ma-
niobra.
Las fotos fueron sacadas con una vitrina
cerrada, como el frente es vidriado apa-
rece la cara de quien hizo las tomas,
una mujer que es personal de Clínica
Santa Clara.
La mujer que tomó las fotos dice que no
tiene conocimiento de nada a la hora de
declarar en la causa.
Todavía no ha sido consultada si es la
autora de la foto o no y tampoco hay una
pericial para determinar de quién es el
rostro que aparece reflejado en los vi-
drios de la vitrina.
Cuando la mujer saca las fotos del ins-
trumental, lo hace de pie y apuntando el
teléfono celular hacia abajo, razón por la
cual se ve parte del uniforme y los sue-
cos que utiliza, que son distintos al del
resto del personal.
La mayoría de los elementos que se
usan en una cirugía, pasan por un pro-
ceso de esterilización, razón por la cual
los profesionales van muy cubiertos y es
difícil que el médico vea a quien perte-
nece el elemento.
Cuando van a retirar los elementos se-
cuestrados –por un valor que rondaría
los 600 mil pesos-, la Clínica Santa
Clara avisa que están a disposición.
Para el acto van escribanos de partes y
una instrumentista, Azucena Oro, hace
entrega de todos los elementos. Se la-
bran cinco planillas con la firma de ella y
cuando empiezan a exhibir elementos,
los médicos advierten que no condice lo
que dicen las planillas con lo que se es-
taba devolviendo. En ese momento em-
piezan a tachar, corrigen algunos y
dejan otros.
La misma instrumentista fue la que hizo
la pericia de los elementos que se se-
cuestraron, razón por la cual se generan
dudas y se pone entela de juicio la ido-
neidad de la mujer.
L
a Corte de Justicia de San Juan
y el Sindicato de Empleados de
Comercio firmaron un convenio
marco inédito para la reinserción social
de las personas que delinquen por pri-
mera vez y son sometidas a una “sus-
pensión de juicio a prueba (probation)”.
Por parte de la Corte de Justicia de San
Juan, el convenio fue suscripto por el
presidente de la Corte de Justicia, José
Abel Soria Vega. Del acto participaron
todos los ministros: Guillermo De Sanc-
tis, Adriana García, Adolfo Caballero y
Ángel Medina Palá. Y el subsecretario
administrativo Mauricio Cerezo. El con-
venio fue firmado por Mirna Moral, se-
cretaria general del SEC en San Juan y
Miguel Funes, subsecretario de Cultura
del SEC de San Juan. Y estuvo presente
Omar Bellicoso, secretario de Cultura de
la Federación Argentina de Comercio y
Servicio (FAECYS).
La capacitación gratuita será en técnicas
de venta, reposición de mercaderías,
atención al cliente y cajeros. Y el curso
está certificado por el Ministerio de Tra-
bajo de la Nación, otorgados a través de
la FAECYS.
La suspensión de juicio a prueba se
aplica a las personas que delinque por
primera vez y no tienen antecedentes pe-
nales. Las resoluciones judiciales van
desde la obligación de terminar la escola-
ridad primaria o secundaria hasta realizar
tareas comunitarias o capacitación.
Los mercantiles capacitarán a quienes tengan probation
La Corte de Justicia y el gremio de los empleados de comercio acordaron que
capacitarán a quienes tengan probation
El abogado Juan Bautista Bueno, quién tiene a cargo la defensa de
los profesionales.
