Viernes 14 de diciembre de 2018
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DESPUÉS DE 8 AÑOS, SE CLAUSURÓ LA PRIMERA ETAPA DE
Ocho de los quince imputa-
dos serán juzgados. Lo
que busca la provincia
para no tener un fallo ad-
verso. Contra quienes irá
para recuperar lo pagado.
Los millonarios juicios que
la provincia no quiere pagar.
E
l 28 de octubre pasado, la me-
gacausa en la cual se investi-
gan juicios de expropiación
millonarios, cumplió ocho años. Todos
coinciden en que es la más compleja
que se recuerda en el Poder Judicial de
San Juan. La que mayor cantidad de
jueces tuvo, la que insumió horas y
horas de declaraciones, la que tiene el
récord de tiempo por una indagatoria, la
que ventiló increíbles hechos, presumi-
blemente destinados a perjudicar al Es-
tado provincial en millones de pesos.
El caso había salido a luz dos años
antes. Fue por una entrevista que se re-
alizó en el
programa La Ventana
y que
tuvo su correlato con una investigación
periodística de
El Nuevo Diario
. En esa
ocasión, el abogado que defendía al Es-
tado, el fallecido Norberto Baistrocchi,
dejó más dudas que certezas. Fue el
disparador para un sumario administra-
tivo que terminó en la cesantía de Bais-
trocchi y en una denuncia penal
realizada por el exsecretario general de
la Gobernación, Walter Lima.
La resolución del juez Benedicto Correa
elevando a juicio la mega causa de las
expropiaciones millonarias, cierra una
etapa de diez años de investigación –
dos de sumario administrativo y ocho de
investigación judicial-.
Después de rechazar un sinnúmero de
recusaciones y todo tipo de planteos le-
gales por parte de la defensa de los im-
putados, el expediente judicial más
complejo y escandaloso que se re-
cuerde dentro del Poder Judicial de San
Juan se encamina a finalizar con un jui-
cio oral y público donde se determine la
inocencia o la responsabilidad de los
quince imputados.
La elevación a juicio es un capítulo, pero
hay otros aspectos en juego para la pro-
vincia. Por esa razón, Fiscalía de Estado
será extremadamente meticulosa para
incorporar pruebas claves y lograr una
condena. De esto depende que el Es-
tado pueda recuperar los pagos hechos
en ocho expedientes, evitar el pago de
cifras millonarias por otros reclamos que
hoy están paralizados por una cautelar
penal -pero que siguen vivos- y evitar
juicios millonarios por daños morales y
demás si la sentencia en lo penal fuera
adversa a sus intereses.
Si bien la provincia hace dos años que
pidió la nulidad de los juicios pagados, no
es menos cierto que una condena en el
fuero penal reforzaría ese pedido.
Contra quién irá la provincia para recupe-
rar el dinero es uno de los temas que
resta por definir, a quién demandará el Es-
tado para lograr recuperar lo pagado. En
este sentido irá, en principio, contra los
profesionales que manejaron los juicios y
contra los expropiados ya que algunos co-
braron los montos indemnizatorios.
Qué se juega la
provincia en el juicio
de las expropiaciones
E
l juez Benedicto Correa explicó
en su fallo de 180 carillas el
por qué debieron pasar 8 años
para llegar al juicio: “La realidad des-
crita, traída al caso que nos ocupa,
muestra una elongación del proceso
por la complejidad del caso tanto en
cuestiones de hecho como de dere-
cho, la cantidad de imputados, la
suma de procedimientos recursivos
por parte de algunas defensas, que
han generado una y otra vez presen-
taciones con los mismos argumentos
pero bajo distintas vías, la constante
recusación de los tribunales que han
intervenido entre otros, justifica la de-
mora del proceso en razón de la sus-
tanciación y resolución de los medios
defensivos incoados”.
El juez Correa también explicó en qué
motivó su resolución: “De la investiga-
ción de estos procesos, se ha podido
determinar que en la mayoría han
existido patrones de conducta que
dejan ver claramente la relación con-
nivente y el accionar concurrente de
todas las partes y sujetos que de al-
guna manera intervinieron en los mis-
mos, consistentes en una cadena de
actos procesales absolutamente irre-
gulares e ilícitos que se repiten, enca-
minados ardidosamente a obtener
sentencias condenatorias contra la
Provincia de San Juan por montos in-
demnizatorios exorbitantes, desmedi-
dos y absolutamente irrazonables”.
Por qué demoró y el ardid
¿Penas históricas?
O
tro de los temas que podría des-
prenderse en caso de que los
acusados sean encontrados cul-
pables, son las penas. Una de las claves
para que estas condenas puedan ser his-
tóricas es el hecho de que la mayoría de
los delitos imputados son en concurso
real, vale decir que permite sumar conde-
nas de cada uno de los hechos.
El delito más grave que deberá juzgarse
es si existió o no una asociación ilícita y si
fuera viable, quien fuera el organizador.
El delito de integrante de una asociación
ilícita se pena con 3 a 10 años de prisión,
mientras que si es organizador, la escala
penal va de los 5 a los 15 años de prisión,
razón por la cual no es excarcelable.
En el resto de los delitos que son contra la
administración pública, las penas van de
los 6 meses a los 6 años de prisión. Hay
ocho estafas agravadas consumadas,
cuatro en grado de tentativa, razón por la
cual la provincia está en condiciones de
pedir la pena más grave que prevé el Có-
digo Penal Argentino.
Dicho de otra forma, si se da podrían ob-
tenerse condenas históricas que podrían
rondar los 30 años de prisión.
No todos correrían la misma suerte si fue-
Los que van al
S
egún la resolución de clau-
sura de investigación y ele-
vación a juicio del juez
Correa, ésta es la calificación legal
a los ocho imputados y los presun-
tos delitos que cometieron:
l
Santiago Graffigna
(abogado)
Autor principal en el delito de fraude
en perjuicio de la administración pú-
blica en función del delito de estafa
(7 hechos); tentativa de fraude en
función del delito de estafa (8 he-
chos); jefe u organizador en el delito
asociación ilícita y defraudación por
ocultamiento o sustracción de
prueba todos bajo las reglas del con-
curso real, en perjuicio de la adminis-
tración pública y el estado provincial.
l
Víctor Hugo Bustos
Fraude en perjuicio de la adminis-
tración pública en función del delito
de estafa (3 hechos); e integrante
del delito de asociación ilícita, en
concurso real, en perjuicio de la ad-
ministración pública.
El 17 de octubre de 2008 aparecía la
primera publicación de El Nuevo Diario
denunciando el negociado. Dos sema-
nas más tarde, el 31 de octubre, el
abogado de Fiscalía de Estado, Nor-
berto Baistrocchi dejaba más dudas
que certezas.
Benedicto Correa
