La liberación de Angel Morales –el
presunto asesino de la joven zondina
Thalía Recabarren- y de Franco
Ramos – el presunto asesino de
Rafael Sillero- encendieron la
polémica. ¿Por qué el juez no elevó a
juicio las causas? ¿Por qué no se
aprueba un sistema que dé celeridad
para generar respuestas?
Viernes 14 de diciembre de 2018
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Hoy el sistema se maneja teniendo en
cuenta varias leyes. Una parte es la
8.194, otra el Código Procesal Penal para
mayores y también se toman en cuenta
dos leyes nacionales, la 22.278 –Régimen
Penal de la Minoridad- y la 26.061 –Pro-
tección Integral de los Derechos de Niños
y Adolescentes-, además de las Conven-
ciones y demás.
Para que funcione el sistema imperante
se utilizan cinco artículos del actual Có-
L
as estadísticas de menores que en-
tran en conflicto con la ley y los
tipos de delitos que se les imputan,
encendieron las alarmas en la Justicia y
sus actores. En los últimos 10 años creció
un 45% la presencia de menores en he-
chos delictivos.
Hoy, las carátulas de casos en donde me-
nores están involucrados pasan por delitos
que deberían ser juzgados por un juez de
Instrucción como si fueran mayores. Hace
tiempo que las carátulas dejaron de ser
delitos correccionales.
El tema es complejo. Un menor hasta los
15 años es inimputable y solo son punibles
cuando tienen 16 y 17 años.
Si un menor comete un homicidio y su
edad es de 15 años, el juzgado convoca a
los padres, se reúnen antecedentes para
ver el origen del problema, si consume
drogas o alcohol, mediante un perfil psico-
lógico. Se asiste a la familia por intermedio
de la autoridad administrativa, en este
caso la Dirección de Niñez y Adolescencia.
Parte de esa intervención pasa por abor-
dajes que son supervisados por el juez,
mientras paralelamente se instruye la
causa penal, pero el magistrado no puede
disponer del menor, razón por la cual se lo
pone a disposición de la Dirección de
Niñez. El único motivo que puede invocar
el juez de Menores para disponer medidas
urgentes, como una internación por adic-
ciones, es cuando se configura un cuadro
de riesgo.
Si esto sucede, la causa penal se frena y
termina declarándose la inimputabilidad y
si tiene responsabilidad, se aborda al
menor.
En el caso de que el menor sea imputable,
el juez lo indaga, se le dan todas las ga-
rantías del debido proceso y está asistido
por la asesora letrada de Menores, según
lo marca la ley 8.194.
Ineficiente y
demoroso
M
uchos de los actores de la Justi-
cia consideran que el actual Có-
digo de Procedimiento Penal es
ineficiente. El motivo es que cuando deben
abordar menores que son imputables, el
mecanismo es demoroso porque el juez
debe contar con una serie de elementos,
tales como estudios psicológicos y un per-
fil social, por citar algunos y al chico urge
imponerle medidas socio-educativas para
recuperarlo.
Si el delito cometido es grave, se ordena la
internación en el Instituto Nazario Benaví-
dez, donde hay abordaje y hay lugar para
que se cumplan las medidas de reinser-
ción ordenadas por el juez.
¿Qué pasa si se cumple un año y el chico
no tiene condena? La ley dice que antes
de los dos años debe quedar en libertad.
Se puede pedir prórroga por un año en la
medida que se pueda acreditar la compleji-
dad de la causa.
Por qué San Juan necesita un
DOS PRESUNTOS ASESINOS LIBERADOS POR DEMORAS
digo de Procedimiento Penal.
Si al chico se lo condena habiendo cum-
plido la mayoría de edad, no puede ir al
Instituto Nazario Benavídez, debe ir a un
establecimiento especial. En estos mo-
mentos no existe ese lugar en la provincia
y los jóvenes condenados van a un lugar
especial dispuesto en el Servicio Peniten-
ciario Provincial.
Cuando un juez de Menores ordena la in-
ternación de un chico con adicción grave,
El asesino de Thalía
Á
ngel Morales, exnovio de Tha-
lía Recabarren y confeso
autor del crimen de la joven
zondina está en libertad. Desde octu-
bre, quien cometió el hecho cuando
era menor pero ya cumplió la mayoría
de edad, camina por las calles del de-
partamento.
La medida fue impartida por el juez
Jorge Toro y ratificada por la Cámara, y
responde a que la reclusión en el Insti-
tuto de Menores Nazario Benavídez es-
taba dada como medida
socioeducativa.
El cuerpo de la menor fue hallado en
junio de 2016 a la vera de la Ruta
Provincial 12. La Policía encontró el
cadáver gracias a los datos aportados
por el ex novio de la chica, de la
misma edad. Según trascendió, el
asesino cayó gracias al testimonio de
una amiga de la ex pareja. Murió por
asfixia.
El asesino de Sillero
R
afael Sillero, de 86 años, fue
brutalmente asesinado en 2016
en San Martín.
Casos Testigos
la medida no se cumple en San Juan. El
juez le solicita al Ministerio de Desarrollo
Humano que derive a la Casa del Sur, un
establecimiento ubicado en el sur del Gran
Buenos Aires.
Al Estado provincial, la internación por mes
por chico le cuesta alrededor de 28 mil
pesos. Actualmente hay 22 chicos interna-
dos aproximadamente. Además, la provin-
cia se hace cargo de los pasajes de los
familiares que periódicamente van a visitar
a los jóvenes internados.
ron hasta él gracias a las huellas de
unas zapatillas. El menor habría lavado
el calzado debido a que tenía manchas
de sangre.
Al hacer el peritaje correspondiente, las
marcas de las zapatillas coincidían con
unas huellas encontradas en el lugar del
crimen. Aparentemente, le robaba ma-
dera a Sillero y el hombre sabía, quien
ya lo había denunciado.
A Rafael Sillero lo mataron a golpes,
tenía 2 fracturas en el cráneo. Ya
muerto, le dio 7 puñaladas que fueron al
cuello y el tórax. El resultado de la autop-
sia señaló que las heridas cortopunzan-
tes fueron post mortem. Además lo
golpeó con un trozo de baldosa.
La policía
retira el
cuerpo de
Sillero, en
San Martín.
La familia de Thalìa aún no sabe cómo murió su hija porque no le dieron un informe y además, la justicia
liberó al presunto autor del crimen.
El presunto autor, Franco Nahuel Ramos,
en ese momento menor de edad, recu-
peró la libertad a principio de año, que-
dando bajo la tutela de una tía por orden
del juez Jorge Toro. Actualmente la
causa se encuentra con requisitoria fiscal
a la espera de la clausura de la instruc-
ción y posterior elevación a juicio.
Fuentes tribunalicias expresaron el ma-
lestar con la decisión del magistrado y
confirmaron que la fiscal del caso,
Gladys Capdevila, pidió en su oportuni-
dad la ampliación de testimonial para el
forense, dado que el informe de la autop-
sia consta de tres hojas.
El joven era vecino de la víctima. Llega-
