casos denunciados rondan los quince y es-
tamos pidiendo a la gente que sepa o no
está segura de cómo le adjudicaron la vi-
vienda que lo diga, no hay gestores parti-
culares ni se cobra nada. Que esto se
descubra es gracias en gran parte a la im-
plementación del nuevo sistema informá-
tico, el entrecruzamiento fue clave.
—¿Cuál es el próximo paso?
—Aportar todo lo relativo a quiénes son los
adjudicatarios de esas viviendas que fue-
ron sorteados o aparecen en los listados
de los gremios.
—Entonces la única víctima es el Es-
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Viernes 8 de febrero de 2019
15 PERSONAS HABITAN CASAS CON PERMISOS FALSOS
tado.
—Evidentemente quien adquirió el per-
miso, sabía que no era legal. Se estaba
burlando del esfuerzo de todos los sanjua-
ninos, que es el Estado. Somos modelo
nacional en ejecución de viviendas. El año
pasado entregamos 5 mil unidades y de-
tectamos quince con maniobras.
—¿Qué déficit habitacional tiene San
Juan tomando como base los padrones
del IPV?
—Son 69.627 que es la cantidad de ins-
criptos y que no necesariamente es el défi-
cit habitacional, pero es un número
importantísimo. Esto nos lleva a pensar
que hay que llegar a todos los estratos so-
ciales, los alquileres están muy altos y
queremos ver todas las posibilidades para
que cada uno tenga su vivienda.
—¿Hay algún mecanismo de préstamo
para quien tenga un terreno?
—Sí, el terreno se hipoteca, el monto del
préstamo es de 1,6 millones y el monto se
actualiza permanentemente, por lo que la
persona que lo solicita puede empezar a
construir y terminar su casa. Antes esos
montos se actualizaban cada año o año y
medio.
—¿Cuál es la cuota más baja?
—Hoy tenemos 50 mil viviendas puestas al
cobro, de las cuales el 60% tenía cuotas
por debajo de los 200 pesos. Hoy se ac-
tualiza a valor UVA, única manera de plani-
ficar en el largo plazo porque los recursos
nacionales son escasos. Hoy nos maneja-
mos con prácticamente la totalidad de fon-
dos provinciales.
—¿Todos los avisos que en las redes
sociales ofrecen en venta viviendas del
IPV recientemente entregadas han sido
chequeadas?
—Esto abre un trabajo que estamos ha-
ciendo ahora. En el Barrio Valle Grande
estamos con un abordaje territorial junto a
los ministerios de Gobierno, Salud y Desa-
rrollo Humano. Casa por casa solicitamos
los papeles y hacemos una encuesta para
saber quiénes las habitan. En este barrio
solamente son mil viviendas, se ha reco-
rrido la primera de las áreas. Venimos
desde el año pasado impulsando a que
ocupe la vivienda quien fue adjudicado
sino no tendría esa necesidad social.
—¿Han encontrado viviendas que no
están habitadas por los adjudicatarios?
—Hemos encontrado casos en que no
están habitadas. Algunas personas nos
dicen que no pudieron cambiar a los chi-
cos de escuela, en definitiva es un trabajo
entre equipos ministeriales y la gente. Lo
de las ventas no lo desconoce el IPV, lo
denunciamos en Defraudaciones porque
es fraudulento, pero en la mayoría de los
casos es cuento del tío, gente que pasa y
saca una foto y publica con precio, pero el
adjudicatario no la vende.
—En estas visitas se han detectado
casos, presuntamente fraudulentos, de
gente que muestra una autorización
para habitar una vivienda que estaba
deshabitada.
—También estamos aportando todos los
datos. Se hacía una autorización con una
firma apócrifa y esto despertó una investi-
gación en la que trabaja la Policía. Los
IPV: Siguen apareciendo vivos
y el perjudicado es el Estado
Un empleado vendía
autorizaciones para habitar
viviendas que no estuvieran
ocupadas. Los casos superan
los quince. Investigan a los
compradores de los permisos.
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a detención de un empleado del
IPV en octubre del año pasado
acusado de otorgar permisos fal-
sos a adjudicatarios de viviendas para
que puedan habitarlas, aunque esas uni-
dades estaban observadas, sigue arro-
jando sorpresas, nuevas
víctimas—victimarios y nuevas denun-
cias en el ámbito de Defraudaciones y
Estafas de la Policía de San Juan.
l l l
La denuncia original era por presuntas
maniobras fraudulentas con la adjudica-
ción de casas recuperadas por el IPV. Un
exempleado del organismo tenía la infor-
mación concreta de las viviendas sin ha-
bitar de cada barrio y a cambio de plata
otorgaba un permiso que era una adjudi-
cación directa.
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Originalmente las denuncias fueron tres y
lo que en un principio parecía ser un en-
gaño, con el correr de la investigación
todo indicaría que quienes denunciaron
haber sido estafados en realidad sabían
qué estaban haciendo, razón por la cual
no se descarta que terminen imputados
en el expediente.
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En las últimas semanas se supo que las
denuncias saltaron de tres a quince, lo
que obligó a las autoridades del IPV a
hacer visitas a los barrios, especialmente
a los entregados recientemente, y corro-
borar que todo estuviera en orden. Preci-
samente acá es donde surgieron los
problemas porque encontraron gente ha-
bitando casas con permisos apócrifos y
estas unidades estaban bajo investiga-
ción.
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En medio de esta maniobra presunta-
mente delictiva, no deja de llamar la aten-
ción la facilidad con la que se burla la
seguridad y que quienes aparezcan
como presuntos autores sean precisa-
mente empleados de la repartición. El
caldo de cultivo ideal es la necesidad de
la gente, con un padrón de casi 70 mil
inscriptos, evidentemente que la viveza
criolla está a la orden del día.
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En los casos detectados se presume que
quienes habitaban esas viviendas lo ha-
cían con un permiso que podría haber
sido pagado al empleado del IPV. Enton-
ces esa persona no sería víctima de una
maniobra sino parte de la misma. Es que
desde el gobierno se han hecho numero-
sas campañas publicitarias indicando que
quienes se ven beneficiados con una vi-
vienda no deben pagar. Al hacerlo, se
transforman en integrantes de la manio-
bra fraudulenta.
Juan Pablo Notario – Interventor IPV
“El que compró un permiso,
sabía que no era legal”
