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UNIVERSIDAD
Viernes 24 de agosto de 2018
—¿Por qué DAMSU podría enfrentar un juicio
laboral por 16 millones de pesos?
—Cuando DAMSU fue parte de la universidad,
los empleados que trabajaban allí eran personal
no docente de la UNSJ y estaban dentro de la
planta PAU (personal de apoyo universitario).
Cuando se sanciona la ley de obras sociales uni-
versitarias, DAMSU pasa a ser una obra social
privada, por más que en el estatuto diga que es
una persona de derecho público no estatal.
DAMSU está inscripto en la Subsecretaría de
Trabajo dentro del rubro de prestadores de servi-
cios de salud, o sea que la legislación que nos
comprende es la provincial.
—¿Le extraña esta actitud del Consejo Supe-
rior?
—Por supuesto. Me llama la atención que le dé
participación al gremio, que se siente en el Con-
sejo Superior, que es la imagen que surge de la
foto que ha trascendido. Por supuesto que el
abogado del gremio da fundamentos para favo-
recer al cliente, por eso habla de un posible jui-
cio por 16 millones de pesos. Ahora, no son
empleados de DAMSU, sino de la universidad.
La reunión no debería haber terminado con la
universidad solidarizándose, sino que debería
haberles abierto las puertas y haberles dicho:
“Señores, vengan, este es su lugar de trabajo”.
Si hay problemas de categorías, deben solucio-
narlos ellos.
—¿Cómo se ha manejado el tema de la farma-
cia?
—Ha sido un desquicio, hoy soporta un proceso
en el Tercer Juzgado de Faltas de la provincia,
iniciado a instancias de la Dirección de Farmacia
del Ministerio de Salud por el manejo de la far-
macia. No se anotaban psicofármacos, se com-
praban remedios a diestra y siniestra, cuando se
hizo el inventario se buscaban los remitos y no
aparecían, sí las facturas.
—¿Por qué eran tan importantes los remitos?
—Porque los laboratorios no hacen descuentos
en efectivo sino compensan con mayor cantidad
de medicamentos. No se sabe si lo que el labo-
ratorio entregó es lo que dice la factura o fue
más. Hoy están pidiendo a los laboratorios o dro-
guerías la copia de los remitos. Esto va a traer
cola. Corremos el riesgo de que nos cierren la
farmacia por los incumplimientos de la anterior
farmacéutica, que esta conducción dejó cesante.
—¿Todo esto está escrito, hay actas?
—Sí y no lo escribimos nosotros, fue la División
Farmacia del Ministerio de Salud Pública.
Fiscalía,
atenta
Fiscalía de Estado se hizo
parte en este juicio entre
privados para observar el
proceso. Es que en el
medio de la discusión está
el pueblo de Las Chacras y
podrían surgir otros terre-
nos fiscales, razón por la
cual un abogado del Estado
sigue de cerca los suceso-
rios.
CAYETANO DARA, ABOGADO
ASESOR DE DAMSU
“Los 16 empleados
en conflicto son de
la Universidad”
E
l abogado Jorge Amarfil fue
sindicado por un representante
de pueblos originarios de que-
rer quedarse con una gran extensión
de tierras en Marayes. El profesional
dio su explicación de los hechos.
—¿Cuál es su versión sobre las 95
mil hectáreas de Marayes que que-
darían para usted?
—Hay un error, una confusión. Legal-
mente no es así, estas tierras tienen
dueños, tienen titulares registrales y
los títulos son perfectos, no se está ha-
ciendo nada por fuera de lo que sea
ajustado a Derecho. No se habla de
hectáreas, son derechos hereditarios,
hay que determinar qué le toca a cada
uno, es una cuestión estrictamente
técnica y legal.
—¿Cuándo se determinará?
—Cuando se divida el condominio,
cuando cada uno haga valer sus dere-
chos, incluso el Estado por el dominio
público, pero nada más lejos de la re-
alidad decir que se quiere desalojar a
la gente. Hay que llevar tranquilidad a
las familias que viven en el pueblo de
Las Chacras porque no corren peligro.
El que tenga un derecho lo puede
hacer valer perfectamente. Están los
sucesorios, los legítimos herederos y
en ese sentido quiero ahondar en pre-
cisiones porque si hay pueblos aborí-
genes, los tienen que hacer valer,
demostrar la posesión, decir dónde
están porque hoy en el campo no se
ve ningún asentamiento.
—¿De dónde sale que usted se
quiere quedar con 95 mil hectá-
reas?
—Es una versión malintencionada,
una cosa de locos, un ataque que
estoy sufriendo. He adquirido algo
como cualquier ciudadano y la verdad
que me afecta el buen nombre porque
se presta para confusiones, Son dere-
chos que se adquirieron en algún mo-
mento y hay que hacerlos valer en
juicio, pero no significa que se esté
violando el derecho de alguna otra
persona.
—¿En qué momento compró esos
derechos?
—Hace varios años y en un porcen-
taje, no soy el único, incluso antes de
que fuera abogado, así que no son
mis clientes, sino que soy cesionario.
—¿Representa en juicio a algunas
de las personas que abrió el suce-
sorio?
—Algunos sí, otros no, porque la canti-
dad de legítimos herederos son mu-
chos, he contratado con algunos. Es
infundado, se ha vertido un concepto
equivocado.
—¿A algunas de las personas que
representa en el sucesorio usted le
compró derechos?
—A algunas se les compró anterior-
mente y después si esa persona lo de-
cide, se le puede representar, no es
incompatible, está dentro de lo legal.
Distinto seria comprar bienes de un
cliente.
—¿Qué papel juega el reclamo de
los pueblos originarios sobre el de-
recho que dicen tener sobre estas
tierras?
—Creo que hay una grave confusión y
una interpretación muy pobre de cómo
es el tema de los pueblos originarios.
La Constitución es clara respecto a la
posesión que deben ejercer, eso se re-
gula porque no se puede atropellar el
derecho de los privados, deberán
rever el tema para reconducir el plan-
teo, estudiar y si existe un asenta-
miento tiene que hacerlo valer para
que la justicia se lo reconozca.
—¿Este es un problema técnico—
jurídico o hay algo más detrás de
todo esto?
—Creo que el tema legal está muy
claro, está perfecto y es una cuestión
entre privados, con participación del
Estado en la medida que participe Fis-
calía de Estado observando. Noto un
gran desconocimiento por parte de
ellos en cuanto a la función de repre-
sentar a los pueblos originarios.
JORGE AMARFIL, ACUSADO DE QUERER
QUEDARSE CON 95 MIL HECTÁREAS
“Compré derechos, no se
sé qué cantidad me tocará”
Jorge Amarfil
mostró docu-
mentación res-
paldatoria de
sus dichos.
En la edición anterior de El Nuevo Diario,
se trataba el caso de las 95 mil hectáreas
en conflicto en Marayes.
