Viernes 2 de noviembre de 2018
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Son 24 viviendas las que están en con-
flicto y que a pesar de la orden de desa-
lojo del 2012, han continuado habitadas
por las familias, aunque el municipio re-
cuperó algunas fracciones pero sin
poder evitar la explotación comercial. Si
bien una conocida veterinaria se fue del
lugar y hoy esa esquina es ocupada por
la sede de monitores urbanos y operado-
res del ECO, han quedado una gomería
y un salón de fiestas infantiles.
Este un tema que desde hace años no
se resuelve. Pasaron diferentes gestio-
nes y más allá de algunas acciones judi-
ciales, no se define si los vecinos ocu-
pan legalmente las viviendas que fueran
en alguna ocasión de personal ferrovia-
rio o si están usurpando.
Ahora, de acuerdo a los datos a los que
accedió
El Nuevo Diario
, no hay accio-
nes judiciales iniciadas por la comuna
para recuperar los terrenos que le perte-
necen. Tampoco hay conversaciones
con la provincia para ejecutar un pro-
yecto en conjunto.
Una historia de
hijos y entenados
La calle Las Heras alberga, a la izquierda, las casas de los empleados del ferrocarril y a la derecha el moderno
Teatro y la Plaza del Bicentenario.
LAS CASAS DEL FERROCARRIL FRENTE A LA PLAZA DEL BICENTENARIO
La llegada
del Centro Cívico
C
on la puesta en funcionamiento a
pleno del Centro Cívico, las zonas
aledañas se revalorizaron desde
el punto de vista inmobiliario y comercial.
Además, con la construcción del Teatro
del Bicentenario, la plaza, la fuente, el
puente colgante y la EPET 5, las viviendas
quedaron arquitectónicamente fuera de
lugar.
Por esa razón el municipio de la Capital
retomó acciones para recuperar y tomar
posesión efectiva de esos terrenos, pero
previo a ello tuvo que judicializar todo,
aunque ya existía una orden de desalojo
impartida por la jueza Mónica Lucero.
Antecedentes
N
o es la primera vez que Capital
debe salir a rescatar terrenos fis-
cales. Hay dos casos de mucha
trascendencia. Uno es el de los terrenos
recuperados en calle Nuche, donde
debió avanzar sobre construcciones de
los vecinos del Barrio Casa Grande,
quienes emplazaron piletas y quinchos
que debieron ser desmantelados.
El otro caso es el del lugar por donde pa-
saban las vías del tren, tramo compren-
dido entre calles Salta y Colón. Allí
también debió avanzar una topadora
sobre una tapia, piletas y patios. Los ba-
rrios que avanzaron sobre esos terrenos
fueron Aromas del Vid I y II y Asunción.
También debió recuperar terreno colin-
dantes con el Barrio Enfermera Medina,
en Desamparados.
Hay familias que habitan las
viviendas que eran de emplea-
dos ferroviarios y también
explotaciones comerciales en
terrenos que pertenecen al
Estado municipal. La última
acción judicial concreta data
del 2012, cuando desalojaron
a un negocio de productos
para perros.
U
n lunar en medio de la ciudad. Así
aparece si se mira desde el aire a
la manzana que fuera propiedad
de Ferrocarriles Argentinos y que poste-
riormente fuera cedida al municipio de la
Capital. El espacio en cuestión, ubicado
entre calles Córdoba, Las Heras, Suipa-
cha y Central, desentona con el progreso
arquitectónico de esa parte de la ciudad.
La historia de los terrenos del exferrocarril
San Martín se remonta al año 1983,
cuando se firma un convenio con el go-
bierno nacional para la transferencia de
esos inmuebles, que incluían también los
terrenos del exferrocarril Belgrano. El
acuerdo dejaba sentado que si se dete-
nían obras y no había progreso de los
fines determinados (la construcción del
complejo ferrourbanístico), Ferrocarriles
tenía la facultad de retomar la propiedad
del inmueble
En el año 2012, cuando el municipio de
la Capital intentó recuperar algunos de
esos inmuebles para su uso - otros ya
habían sido utilizados por el gobierno
provincial-, comenzó una disputa con los
habitantes de esas viviendas, algunos
extrabajadores de Ferrocarriles Argenti-
nos o descendientes.
Los inmuebles estaban asentados sobre
terrenos del Estado Nacional, por lo que
la jueza del Tercer juzgado Correccional,
Mónica Lucero, dio la orden de desalojo
y a partir de allí la discusión pasó por en-
contrar quiénes eran los propietarios re-
ales. Ambas partes se defendían
exhibiendo convenios y normas firmadas
oportunamente.
El municipio de la Capital inscribió esos
terrenos a su nombre en el Registro del
dominio público municipal. Eso, además
del decreto de transferencia oportuna-
mente emanado de Presidencia de la
Nación, son las dos patas en las cuales
la comuna se basa para reclamar la titu-
laridad de los bienes inmuebles.
Los habitantes de las viviendas se res-
paldan también en una ley, un decreto y
un par de actas firmadas que les daría,
según ellos, la legitimidad para conti-
nuar habitando en el lugar. El municipio
invoca el mismo decreto que los habitan-
tes, el 754 del 2000, pero según las au-
toridades municipales de ese momento,
la norma los respaldaba a ellos, porque
entre otros ítems expresaba que no se
podía realizar la explotación comercial
de un espacio público.
La gomería atiende las 24 horas y genera un movimiento
importante en la zona.
