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JONES
L
a iniciación del juicio político por
parte de los legisladores no sólo fue
desconocida por Amable Jones.
Lejos de aceptar que los diputados habían
dispuesto suspenderlo en sus funciones,
ordenó que el fiscal Aquiles Damianovich,
acusara criminalmente a los diputados.
La acusación por el delito de
“rebelión”
fue publicada en el Boletín Oficial, bajo el
título de:
“La legislatura convertida en
una banda criminal”.
“Y bien señor Juez, esta asociación criminal
ha encubierto su verdadera finalidad, que es
realizar delitos comunes indeterminados en
el aparente manto o difraz de verificar el
acto judicial más grave de una legislatura
que, por eso mismo está solemnemente
encuadrada dentro de marcos propios y pro-
cedimientos rígidos en la Constitución”.
Y agregaba:
“Los legisladores están operando “infragan-
ti” y deben ser detenidos hasta que se
resuelva en última instancia hasta que se les
resuelva el juicio criminal que se les inicia”.
Los legisladores a los que se les solicitó la
detención fueron Ernesto Reynoso, Angel
Faccio, Argentino B. Echegaray, Lisandro
Lozano, Eduardo Gil Yanzón, Juan Arturo,
José Videla, Francisco Salinas, Adán
Sarmiento, Augusto Mallea Gil, Juan
Galvarini, Martín Laspiur, Jacinto Rocha,
Eduardo Tascheret, Alberto Rojas y
Gregorio Yakin.
También se pidió la detención de Ramón
Barrera, por haber proporcionado la casa
donde se realizó la reunión y del presidente
del Senado, Juan Estrella, que firmó el tele-
grama, este último por
“usurpación de
autoridad”.
Era demasiado.
La noticia fue tapa de todos los diarios:
“detienen a los diputados sanjuaninos”.
Decenas de telegramas enviados por jueces
y diputados llegaron a la presidencia de la
Nación y al ministerio del Interior.
Los conservadores aprovechaban para pro-
testar por los métodos del gobierno radical
de San Juan. Ellos hacían un buen negocio.
Los detenidos también eran radicales.
La capital se transformaba en una enorme
caja de resonancia de lo que ocurría en San
Juan. Algo que perjudicaba la imagen de
Detienen a los diputados
que participaron del juicio
Yrigoyen.
El 3 de marzo, el ministro del Interior
escribió a Jones:
“Jamás un conflicto de carácter institu-
cional entre poderes puede justificar la
adopción de medidas de fuerza contra
legisladores y jueces”,
decía terminante.
Jones comprendió que estaba solo.
Si la Nación le volvía la espalda, ya nada le
quedaba.
Ordenó que se dejara en libertad a los
legisladores.
El diputado
Argentino B.
Echegaray, que
era propietario
de la farmacia
que lleva su
nombre y que
comenzó a
funcionar en
1916, en la
calle Rivadavia,
frente a la
Plaza 25 de
Mayo
(Foto proporciona-
da por Carlos
Echegaray).
Senador Estanislao Vera
Senador Humberto Fonseca
Diputado Gil Yanzón
Diputado Salvador Rigovalles
