Jueves 13 de abril de 2017
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de Economía. De ese total, 10.500 millones
son destinados, según ALEA, en forma di-
recta, a los distintos ministerios y programas
sociales. Aunque según las distintas legisla-
ciones provinciales que regulan el juego, de-
berían destinarse casi en su totalidad a
desarrollo social.
Lavado de dinero
L
a explotación de los juegos de azar,
fundamentalmente a través de casi-
nos, es señalada por el GAFI (Grupo
de Acción Financiera Internacional) como
una actividad vulnerable al lavado de acti-
vos, debido a la gran circulación de dinero
en efectivo, a través de operaciones diarias
cuyos montos en general no son muy eleva-
dos o demasiado significativos. Cabe seña-
lar que la Argentina forma parte de este
organismo intergubernamental que pro-
mueve políticas, a nivel nacional e interna-
cional, para combatir el lavado de activos y
la financiación del terrorismo.
Enrique del Carril, director en Cuerpo de In-
vestigaciones Judiciales del Ministerio Pú-
blico Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, explica qué es el lavado de
dinero: “La complejidad de todas las organi-
zaciones criminales es qué hacen con el vo-
lumen de dinero que consiguen y no
pueden justificar de alguna manera. Enton-
ces, necesitan una serie de mecanismos
para que ese dinero, que tiene un origen ilí-
cito, pueda ingresar al sistema formal”. Por
eso, aclara: “se necesitan controles muy es-
trictos del Estado porque si no, el casino va
a ser el primer lugar donde el lavado se ge-
nera”...
Formas de lavado
P
ara lavar dinero, dice Del Carril, las
organizaciones buscan actividades
lícitas que tengan mucho flujo de di-
nero, en cantidades pequeñas, y que sean
muy difíciles de controlar por el Estado. Los
casinos reúnen todos los requisitos: ¿Cómo
demostrar cuánta gente entró, salió, consu-
mió en la barra, compró…? El bar, billetes
de lotería, todo en pequeñas cantidades.
Eso ayuda a hacer figurar como ingresado,
dinero que proviene de actividades ilícitas”,
sostiene Del Carril.
Otra forma de lavar fondos de origen ilícito
(en nuestro país y en otros) es colocarlo en
campañas políticas... “Las campañas son
un lugar conveniente para el lavado de di-
nero, porque la legislación en tal sentido es
laxa y los controles sobre el origen de fon-
dos se diluyen. Más allá de los eventuales
favores políticos que los aportes de cam-
paña significan, y dependencia política fu-
tura hacia los aportantes”, dice Del Carril.
El juego clandestino
E
nrique Del Carril cita otra variante
del juego en la Argentina: las apues-
tas clandestinas. “Nuestra dirección
ha investigado el tema. Puedo citar el caso
de un levantador clandestino al cual le com-
probamos que, en una sola mañana, re-
caudó 2 millones de pesos. Si hacemos una
proyección, tenemos una recaudación de 6
millones diarios. Multiplicado por mes y por
año…, las cifras son enormes”, dice el fun-
cionario y agrega: “Este hombre tenía, por
ejemplo, colecciones de autos antiguos,
casas, barcos, muchas inversiones”.
La banca gana,
el Estado pierde
E
n los últimos años, el mundo de las
apuestas puso su foco en la explota-
ción de los slots o tragamonedas.
n la Argentina, hay 80.924 slots distribui-
das en 406 salas (datos ALEA 2015).
“El principal componente de la explotación
del juego es el uso de los slots, que es por
donde más dinero se recauda”, afirma Wal-
ter Martello, actual defensor del Pueblo Ad-
junto de la Provincia de Buenos Aires. En
territorio bonaerense, que concentra el 30%
del negocio, por cada $100 jugados en tra-
gamonedas, sólo 5 quedan en las arcas del
Estado, según cifras que comparte Martello
.
Martello comenzó —entonces como dipu-
tado de la Coalición Cívica-ARI— el debate
sobre la falta del control del juego en Argen-
tina y propuso la creación de un Consejo
Federal que homologue toda la normativa
vigente sin quitarle potestad a las provin-
cias. “Existe en las jurisdicciones una regu-
lación dispar con respecto a la presencia del
Estado como ente recaudador y de control”,
explica. Algunas provincias cobran impues-
tos al juego según lo que los empresarios
declaren, otras recaudan por un canon fijo y
otras, un porcentaje de lo facturado...
La banca siempre gana, y cuando el Estado
se ausenta de la fiscalización, se cuelan
trampas hacia el fisco y/ o a los apostado-
res. Por eso, los mecanismos de control de
cada tragamoneda y los encargados de ad-
ministrar los controles son los puntos débi-
les. En mayo del 2014, los legisladores de la
Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, Paula
Oliveto Lago e Inés Gorbea denunciaron a
Casino Club y al Hipódromo de Palermo
“por ser controlante y controlado y por haber
vendido el sistema de control online de
puestas y ganancias armado a su medida”. ´
Recién en abril del 2016, inspectores de la
Lotería Nacional clausuraron 182 máquinas
tragamonedas en el hipódromo de Palermo
y en el casino flotante de Puerto Madero.
Tras la inspección, Lotería Nacional anunció
la instalación de un nuevo software que per-
mita el control independiente en las máqui-
nas tragamonedas del Hipódromo de
Palermo y del Casino de Buenos Aires.
Ranking de
Tragamonedas
en Argentina
En el país hay 80.924 maquinas
tragamonedas distribuidas así:
Fuente: ALEA
Ranking Provincia
Slots%
1
Buenos Aires
27,03
2
CABA
7,45
3
Mendoza
6,31
4
Santa Fe
4,82
5
Córdoba
4,20
6
Misiones
4,16
7
Entre Ríos
4,13
8
Neuquén
4,00
9
Corrientes
3,21
10
San Luis
3,00
11
Río Negro
2,65
12
Chaco
2,51
13
Santa Cruz
1,80
14
Salta
1,68
15
Tierra del Fuego
1,54
16
Chubut
1,44
17
La Rioja
1,40
18
Tucumán
1,36
19
Formosa
1,11
20 San Juan 0,95
21
La Pampa
0,75
22
Santiago del Estero
0,73
23
Jujuy
0,49
24
Catamarca
0,48
C
arlos González Guerra, di-
rector nacional de Política
Criminal, apunta al princi-
pal riesgo del sector: la actividad
ilícita penal en el marco del juego
es, fundamentalmente, el lavado.
“Siempre ha sido un lugar común
para el lavado de dinero por su fle-
xible regulación”, aclara González
Guerra.
Para Martello, ahora en las filas del
Frente Renovador: “Debemos
tener una regla común en el país
para evitar el lavado de activos, la
evasión o elusión de impuestos”.
Con la sanción de la Ley 25.246
(2010) de lavado de activos de ori-
gen delictivo, y sus reglamentacio-
nes, las personas físicas o
jurídicas que explotan juegos de
azar están obligadas a reportar a
la Unidad de Información Finan-
ciera (UIF) toda operación sospe-
chosa de lavado de dinero.
“Los casinos deben informar a la
UIF los datos de los apostadores
que cobran más de $50.000 en
premios. Puede haber fallas huma-
nas, pero los controles están”,
afirma el contador Alfredo Mónaco,
presidente de ALEA (Asociación
de Loterías Estatales de Argen-
tina), una entidad autárquica que
nuclea a los organismos de control
del juego en el país.
En octubre del 2010, Argentina in-
gresó en la lista gris del GAFI por
cumplir sólo 2 de los 49 puntos re-
comendados para evitar el lavado
de activos. La UIF creó entonces
las Direcciones de Inspecciones y
Sumarios, con el fin de aumentar
los controles e identificar a los su-
jetos obligados a declarar activos y
ganancias. Hasta entonces, no
había un sistema de multas y san-
ciones sobre los actores del juego:
empresarios y directivos de casi-
nos, salas, bingos y carreras hasta
podían aportar en campañas políti-
cas.
La UIF estableció la suma de
10.000 pesos como importe base a
declarar tanto en premios como en
cambio de fichas dentro de las
salas de juego. También, la obliga-
ción de identificar a los ganadores
con sus datos personales, nivel de
ingresos y actividad. Debido a las
presiones de la Cámara Argentina
de Salas de Casinos, Bingos y
Anexos (CASCBA), que adujo la
imposibilidad operativa de contro-
lar a los ganadores así como la ne-
gativa de la gente a declarar sus
datos, se subió el monto mínimo
de declaración a 50.000 pesos.
Alfredo Popritkin, de Contadores
Forenses, explica que “el juego es
uno de los sectores más difíciles
de controlar porque cualquier mo-
vimiento de fondos significativo, o
no tanto, es fácil de inventar al
anunciarlo como una ganancia en
el juego”.
Y agrega que “en la Argentina, el
juego está controlado, en su mayor
parte, por organizaciones vincula-
das a la política, así se puede en-
tender por qué no saltan las
alarmas ante movimientos sospe-
chosos de dinero”.
Los controles
que faltan
