Viejas
denuncias
No es la primera vez que
ocurren hechos de esta na-
turaleza y mucho tiene que
ver la reiteración de estos
casos con la falta de resolu-
ciones judiciales que dejan un
mensaje de impunidad. Durante la gestión
de Armando Rosales como director del Hos-
pital Rawson, fueron varios los casos detec-
tados.
Robo de descartables:
fue sorpren-
dido personal de enfermería. Hubo dos
cesanteados. No hay resolución judicial.
Robo de equipo de doppler:
la res-
ponsabilidad recayó sobre la empresa
de seguridad y terminó reponiéndolo. No
hay resolución judicial.
Robo de un televisor:
también la res-
ponsabilidad recayó en la empresa de
seguridad y repuso el material. No hay reso-
lución judicial.
Pérdida de una movilidad del Hospi-
tal Rawson:
fue llevada para repara-
ción en el año 2006. El dueño del taller se
negaba a devolverla. Se iniciaron accio-
nes penales y se desconoce el resul-
tado.
E
l escándalo por robo de costosos
elementos de distintos centros de
atención de la salud pública sigue
creciendo. Como se dice habitualmente,
se sabe cómo empezó pero no cómo y
cuándo va a terminar. Hay nuevas denun-
cias y ampliaciones de denuncias, hay
nuevos hechos que importan más ele-
mentos perdidos y también hay más pro-
fesionales comprometidos.
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Con este panorama, Fiscalía de Estado
está esperando que el fiscal de la causa
requiera la investigación para poder ha-
cerse parte del proceso y a partir de allí
aportar las pruebas necesarias o sugerir
pasos a seguir. Pero lo trascendental está
dado por la línea que sigue Fiscalía de
Estado y que desembocaría en el pedido
de investigación de una presunta asocia-
ción ilícita.
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Esto es una consecuencia de la reunión
que daba cuenta
El Nuevo Diario
en su
edición pasada. En ese encuentro
el go-
bernador Sergio Uñac, el ministro de
Salud, Castor Sánchez, y el Fiscal de
Estado, Jorge Alvo
, establecieron una
posición y el propio Uñac sostuvo que el
proceder de los imputados era similar al
del caso de las expropiaciones millona-
rias, donde el Estado es el perjudicado
por el accionar de propios y extraños a la
administración central.
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Cuando se realizó esta reunión eran solo
dos los implicados, pero las autoridades
sospechaban que el número de personas
comprometidas no quedaba allí. Esa es la
razón que llevó a pensar en una posible
asociación ilícita, partiendo que el número
de personas estaría por arriba de tres,
que era algo que se viene realizando de
modo sostenido en el tiempo, no se sabe
exactamente desde cuándo, pero si que
en el 2011 se perdió parte de un ecógrafo
y nunca apareció, estamos hablando de
seis años para atrás. Esto se vería agra-
vado por la condición de cuidador de esos
elementos, ya que al ser funcionarios pú-
blicos, tienen la obligación de resguardar
los bienes del Estado.
Viernes 8 de septiembre de 2017
6
EL GOBIERNO LO PEDIRÁ EN LA CAUSA POR LOS ROBOS
Cuándo hay
asociación ilícita
E
l artículo 210 del Código Penal
dice lo siguiente
: “Será reprimido
con prisión o reclusión de tres
(3) a diez (10) años, el que tomare parte
en una asociación o banda de tres o
más personas destinadas a cometer
delitos por el solo hecho de ser miem-
bros de esa asociación”.
Esto quiere decir que todos los que sean
encontrados culpables deberán ir presos.
No cabe la condena en suspenso.
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Para que haya asociación ilícita se deben
dar al menos estos requisitos:
1
Deben participar un número no menor
de tres personas.
2
En forma organizada y perma-
nente, se tienen que poner de
acuerdo para cometer delitos.
3
Esa organización debe ser estable
con la existencia de un vínculo de
comunidad y pertenencia entre sus miem-
bros.
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La asociación ilícita está ligada con la
tranquilidad pública. No cualquier delito lo
es y no sólo es una cuestión de cantidad
de integrantes. Hay que probar que por
los hechos ocurridos se genera una
alarma en la población, que normalmente
confía en la protección o seguridad que le
La difícil tarea de probar
la asociación ilícita
La provincia se hará parte en el
expediente judicial. Hay nuevos
elementos perdidos, más
denuncias y más profe-
sionales en la mira. Vie-
jas denuncias sin
resolución judicial dan
un marco de impunidad.
El fiscal de Estado revela
la estrategia. Si hay asociación
ilícita, van presos.
