Viernes 8 de septiembre de 2017
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EN LOS HOSPITALES
—¿Cuándo la provincia va a pedir
constituirse en parte querellante
en la causa por los robos en el
Hospital?
—Una vez que el fiscal de la causa
haya hecho el requerimiento perti-
nente ordenando la investigación y
solicitando medidas de prueba a los
fines de que se pueda determinar con
claridad y certeza, propia de esta
etapa procesal (semi plena prueba),
la participación de quienes hayan in-
tervenido en los actos ilícitos, el
grado de participación y determinar
con claridad el objeto del ilícito, a los
fines de su calificación penal por el
juez que interviene en la causa, doc-
tor Pablo Flores. La Fiscalía en forma
conjunta con el ministerio de Salud
Pública y el hospital doctor Guillermo
Rawson pondrá a disposición del
señor fiscal y el juez de la causa la
totalidad de los elementos e informa-
ción que sirva para determinación de
la verdad real.
—El ministro Castor Sánchez dice
que hay investigaciones adminis-
trativas que han dado frutos, ¿esto
será volcado por parte de Fiscalía
al expediente?
—Efectivamente, el doctor Mauricio
Gallardo se encuentra a cargo de la
investigación administrativa que está
logrando esclarecer los elementos
que están faltando y eventualmente
determinará la responsabilidad admi-
nistrativa que no significa que sea
congruente con una responsabilidad
penal, puesto que puede ser adminis-
trativa pero no penal. Toda esa inves-
tigación se aportará al señor fiscal,
doctor Galvani, y al señor juez, doctor
Pablo Flores como elementos proba-
torios a los fines de la determinación
de los hechos, el daño causado, los
partícipes del mismo y llegar a una
conclusión y eventualmente el proce-
samiento de los responsables.
—¿Han logrado cuantificar el
daño?
—Es una tarea sumamente dificul-
tosa la cuantificación del daño, ya
que, por ejemplo, el instrumental qui-
rúrgico no se encuentra físicamente
en un solo lugar sino que distribuido
en todos los centros asistenciales del
territorio provincial donde puede ser
utilizado, sin perjuicio de ello, existen
responsables de patrimonio que una
JORGE ALVO – FISCAL DE ESTADO
“Se solicitaría la asociación
ilícita para la imputación penal”
vez al año hacen el recuento patrimo-
nial, es decir los bienes que pertenecen
al Estado y que son de uso del mismo,
dándose de alta los adquiridos durante
el ejercicio fiscal, del 1 de enero y 31 de
diciembre de cada año y dan de baja
por resolución fundada aquellos que por
su uso se han deteriorado y ya no son
objeto de prestar utilidad. Sin perjuicio
de ello se está realizando en el ámbito
del Ministerio, con colaboración de Fis-
calía. Una investigación concienzuda
sobre el tema. Y a través de estos me-
canismos se aportará la cuantificación
del daño.
—¿Cree usted que hay elementos
como para también investigar una
presunta asociación ilícita?
—En este sentido se está investigando
por parte del señor fiscal y del señor
juez de la causa, quiénes son los partí-
cipes del presunto hecho delictuoso y si
los mismos conformaban un grupo de
personas que se habrían puesto de
acuerdo a los fines del cometimiento de
los actos que se investigan. De acuerdo
a estas investigaciones la Fiscalía de
Estado solicitará eventualmente la aso-
ciación ilícita como parte de la imputa-
ción penal.
—Con la trascendencia que tiene el
caso, ¿qué mensaje le queda a la po-
blación con la excarcelación otorgada
a los dos profesionales que estuvie-
ron detenidos?
—La Fiscalía de Estado no opina sobre
las decisiones que adopta el juez que
instruye la causa, doctor Pablo Flores,
en primer lugar porque por el estado pro-
cesal del sumario no conoce la totalidad
de las pruebas en su contra y porque es
una decisión exclusiva y excluyente del
señor juez. Aclarase que con el devenir
de la investigación podría solicitarse
nuevamente la detención de los imputa-
dos que han sido excarcelados y de
cualquier otro partícipe o cómplice.
—¿Se destapó una gran olla?
—No. No se trata de una olla destapada,
sino de un hecho más delictual que en
este caso ocurre dentro del ámbito de la
administración pública provincial, como
lo puede ser en el ámbito de una fábrica,
de un comercio, de una empresa de ser-
vicios, etc., es decir, puede tratarse de
un hecho aislado o no que amerita ser
investigado hasta las últimas consecuen-
cias y en caso de existir responsabilidad
penal que se aplique el máximo rigor
penal sobre sus autores.
provee el Estado. Cuando un conjunto de
individuos forma una alianza para come-
ter delitos indeterminados el atentado a la
seguridad que ello implica provoca un
estado de temor colectivo que afecta la
tranquilidad y el orden público.
El temor puede ser por miedo a sufrir
daños físicos o patrimoniales como sería
el caso de la bandas que planean llevar a
cabo delitos variados -entre ellos secues-
tros extorsivos- y también puede ser por
la sensación de desamparo, pues están
vinculadas la tranquilidad y la paz social
de la población.
Este temor específico consiste en la
desconfianza en que el propio Estado
a través de todos o alguno de sus po-
deres no pueda cumplir con sus fun-
ciones o, lo que es peor, que desde
alguno de estos poderes se cometan
delitos con lo cual la desconfianza se
generaliza extendiéndose a las pro-
fesiones y a los profesionales vincu-
lados con el funcionamiento de la
comunidad organizada.
Como las causas
de expropiaciones
y narcos policías
U
n ejemplo de asociación ilícita
es el caso de las expropiacio-
nes. El ciudadano común, el
abogado que litiga, pierde la confianza
en el sistema ante la asociación de
abogados, magistrados, peritos y per-
sonal de Fiscalía de Estado para que-
darse con cuantiosas sumas de dinero.
Incluso, el daño que se le hizo a todo
el Poder Judicial y a toda la Fiscalía de
Estado por el accionar de algunos
inescrupulosos, se tiene en cuenta a la
hora de determinar una asociación ilí-
cita.
Pasa lo mismo con el caso que inves-
tiga el juez federal Rago Gallo res-
pecto al narcotráfico con policías
implicados. Que sean los encargados
de velar por la seguridad quienes inte-
gran una asociación ilícita, hace dudar
sobre todo el sistema y de ahí la gra-
vedad de las sanciones previstas en el
Código Penal. Se sanciona con 3 a 10
años la asociación ilícita a lo que se
suman las penas correspondientes a
los delitos cometidos.
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Un punto clave en la asociación ilícita
–y que lo diferencia con el accionar de
una banda de delincuentes- es que no
tiene límites de tiempo para cometer
sus actos. En el caso de expropiacio-
nes, si no se denunciaba, iban a seguir
armando causas. Lo mismo pasa con
los narcospolicías, mientras fuese ne-
gocio seguían traficando. Y en el caso
de los robos de hospitales, deberán
probar que viene desde hace tiempo y
que si no se los para ahora, hubiesen
seguido robando elementos de los
centros de salud.
¿Es flagrancia?
E
n las primeras semanas de la
aplicación del sistema de fla-
grancia, se ha visto revolucio-
nado el mundillo judicial. Y queda en
evidencia las diferencias que hay entre
el sistema tradicional y el nuevo. El es-
candaloso caso de robos en los hospi-
tales por profesionales y por sumas
millonarias hace crecer los comenta-
rios de lo injusto que es que flagrancia
se utilice sólo para ladrones de galli-
nas, arrebatadores, carteristas u otros
por el estilo.
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Hay quienes incluso piden que este
caso sea tratado como flagrancia. El
planteo surge a raíz de que a los profe-
sionales
Diego Basualdo
–médico- y
Patricia Quevedo
–instrumentadora
quirúrgica- los detuvieron en la Clínica
Santa Clara utilizando elementos de ci-
rugía que estaban claramente identifi-
cados con las siglas del Hospital,
siglas que ellos conocían por trabajar
también ahí. Con esta causa también
queda en evidencia que la Corte nece-
sariamente deberá agilizar el viejo sis-
tema. Es demasiada diferencia entre el
juzgamiento para el sorprendido in fra-
ganti robando un estéreo y en este
caso un profesional con elementos que
pertenecen al Estado y no puede justi-
ficar cómo llegaron a su poder.
El primer botín. Esto es parte de lo secuestrado por la policía tras la primera denuncia.
Luego llegaron otros alanamientos y más secuestros.
