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Viernes 6 de octubre de 2017
EL FISCAL DE ESTADO HABLÓ SOBRE LAS EXPROPIACIONES MILLONARIAS
se realice en tiempo y forma sin ningún
tipo de contratiempos.
—¿Hay algo que no le convenza sobre
algunas personas y que cree que quedó
pendiente de investigar pero no hay
pruebas para sumar a la lista de impu-
tados?
—Todas las personas que se debían in-
vestigar lo fueron, y si no se las imputó, es
porque las evidencias que se poseían así
lo indicaban, estoy satisfecho con la inves-
tigación, ha sido completa y pormenori-
zada.
—¿Qué va a pasar con la posibilidad de
recuperar lo que se pagó y el reclamo
por cosa juzgada írrita?
—Se están tramitando, paralelamente,
procesos de acciones autónomas de nuli-
dad y una vez resueltos los procesos pe-
nales que es el primer paso,
continuaremos con esas acciones tendien-
tes a nulificar los fallos para luego recupe-
rar lo que se pagó indebidamente.
—¿Acá se termina el tema megacausa o
hay cabos sueltos, otras cosas que
deban investigarse?
—La megacausa dejó una serie de ense-
ñanzas, se reforzó el área de inmuebles y
realizaron las auditorías internas a los
efectos de llevar un estricto control de
todas las expropiaciones y posesiones ad-
quisitivas sobre inmuebles, organizando el
área, mérito que le pertenece al doctor
Guillermo De Sanctis al frente de la Fisca-
lía en esa época, realizando en cada inter-
vención inspecciones oculares y estudio
de títulos de dichos inmuebles para deter-
minar con certeza la existencia de interés
fiscal y actuar en su consecuencia, meto-
dología que se mantiene hoy en día por
sus excelentes resultados. En materia
penal, se terminará cuando sean juzgados
los responsables condenados penalmente,
de corresponder.
—¿Le cierra desde el punto de vista
legal que en el expediente no aparezca
la tercera pata, la que pagó?
—La administración pública pagó porque
existía una orden judicial de embargo; es
decir se cobró compulsivamente y solo se
llegó a un acuerdo con Fiscalía en dos
ocasiones (Ruiz Guillermo y Anes), pero
cuando ya existía sentencia firme y orden
de embargo por las disparatadas sumas
que ordenaban pagar dichas sentencias,
la Administración no podía actuar de otra
manera, existía una manda judicial de em-
bargo y se descontaban directamente de
la Cuenta General de la Provincia en el
Banco San Juan.
—¿Hubo dilaciones por parte de algu-
nos magistrados, digo por el hecho de
excusarse?
—Evidentemente eso contribuyó a que se
extendieran los plazos, además de las
constantes recusaciones de los defenso-
res de los imputados.
—¿Cuál fue el comportamiento de la
Corte en cuanto a algunos fallos que
debía resolver?
—Actuaron acorde al común de las causas
que debían resolver, como una causa más,
ya sea, en el plano civil o penal.
C
uando quedan pocos días para que
la megacausa de las expropiacio-
nes millonarias cumpla 7 años de
investigación penal y 9 desde que explotó
el escándalo, un fallo de la Corte dejó el
camino allanado para que el voluminoso
expediente pueda ser elevado a juicio.
Asociación ilícita y fraude en perjuicio del
Estado provincial son los delitos que apa-
recen como denominadores comunes
entre los imputados en la causa. Una vez
que bajen las actuaciones desde la Corte
al juzgado de origen, el Quinto de Instruc-
ción, el fiscal podrá pedir la clausura de la
etapa de investigación y que el expediente
sea elevado para que los imputados sean
juzgados en audiencias orales y públicas.
El último recurso que había llegado a la
Corte y que estaba pendiente de resolu-
ción, fue el pedido de Horacio Alday, San-
tiago Graffigna y Rosalba Marún, para que
se consideraran prescriptos algunos de
los delitos que se les imputan y por lo
cual fueron procesados y confirmados. De
cuatro resoluciones de procesamiento,
solo una no está firme porque fue ape-
lada, razón por la cual el fiscal Carlos Ro-
dríguez pedirá la separación del juicio en
este caso.
—¿Conforme porque la megacausa
por las expropiaciones llega al mo-
mento de pedir la elevación a juicio?
—Es el paso procesal necesario para el
debate oral donde se juzgarán las conduc-
tas de los imputados. En el desarrollo del
proceso penal, ya ha quedado agotada la
investigación y corresponde que se eleve
a juicio.
—¿Será difícil sostener la acusación en
juicio?
—Estimamos que no, la instrucción ha
sido muy completa y detallada. Hay que
resaltar que toda la acusación está ba-
sada principalmente en prueba documen-
tal, que son los propios expedientes de
expropiación cuestionados, y en ellos se
encuentran todas las conductas ilícitas
que se imputan; es decir el tema está por
demás claro y las evidencias son contun-
dentes. Nos sentimos muy confiados no
solo en sostener la acusación, sino tam-
bién en el resultado a obtener.
—¿Se viene otra demora por lo que hay
que integrar tribunal?
—Es un tema complejo, pero creo que lo
que ha pasado en la instrucción en cuanto
a recusaciones y excusaciones y la segui-
dilla de apelaciones, ha allanado el ca-
mino para que la integración del tribunal
Cuando el expediente más
complejo que se recuerde en
el Poder Judicial está a punto
de ser elevado a juicio, el
fiscal de Estado hizo una
evaluación. Jueces que se
excusaron, las pruebas y el
accionar de la Corte, bajo
la lupa de Jorge Alvo.
“La megacausa se termina cuando
juzguen a los responsables”
l
Santiago Graffigna:
está sindicado como el jefe de una asociación
ilícita que se dedicaba a inflar juicios expropiatorios y saquear al Estado.
l
Horacio Alday:
era socio de Graffigna, también está procesado
por integrar una asociación ilícita.
l
Rosalba Marún:
era jueza del Primer Juzgado Civil y renunció ante la
inminencia de un pedido de jury, razón por la cual se acogió a la jubilación.
l
Carlos Macchi:
era juez del Quinto Juzgado Civil y fue destituido en base
a pruebas sobre beneficios a Graffigna a la hora de litigar en su juzgado.
l
Víctor Bustos, Juan Pablo Quiroga y Fernando Videla:
fueron tres peri-
tos que actuaron como peritos de parte designados por Santiago Graffigna.
Los que están en condiciones de ser juzgados
