La estrategia de Fiscalía de Estado
para salvar al EPRE de un juicio millonario
Viernes 6 de abril de 2018
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PODRÍA PAGAR UN JUICIO DE 25 MILLONES DE PESOS
E
l fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sobre el jui-
cio de una empleada cesanteada
por el EPRE, encendió luces de alarma
en la provincia, porque dejó al Ente Regu-
lador de Energía, cerca de tener que rein-
corporarla luego de veinte años y tener
que pagar salarios caídos de todo ese
período.
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El caso fue tapa de la última edición de
El
Nuevo Diario
y despertó diversas sensa-
ciones entre los principales funcionarios
públicos. Es que si realmente la provincia
pierde el juicio, debería desembolsar
entre 20 y 25 millones de pesos, pero
además sería un pésimo precedente para
otros dos juicios que están esperando re-
solución en segunda instancia. Uno tiene
fallo favorable a los intereses de la pro-
vincia pero el otro no. En el segundo
caso, en primera instancia, el juez Fede-
rico Soria dictaminó que debía reincorpo-
rarse al empleado y abonarle el
equivalente al 80 por ciento de los sala-
rios caídos, algo así de 6 millones de
pesos.
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El fiscal de Estado, Jorge Alvo, se mostró
confiado en que el nuevo fallo de la Corte
local saldrá favorable a los intereses de la
provincia con otros argumentos que en su
momento no se tuvieron en cuenta. De
igual modo, Alvo reconoció que el má-
ximo tribunal de Justicia de San Juan
cayó en inconstitucionalidades a la hora
de resolver.
—¿Qué posición asume Fiscalía de Es-
tado ante el fallo de la Corte Suprema
sobre el juicio a EPRE?
—Advertimos que el fallo de la Corte local,
que fuera revocado, presenta una serie de
irregularidades que resultarían claramente
inconstitucionales a la luz del artículo 14
bis de nuestra Constitución, pero también
el dictamen de la Procuraduría Fiscal de la
Nación incurre en una serie de inexactitu-
des frente al caso concreto de la causa. Te-
nemos esperanzas de que el fallo que dicte
la Corte adopte el mismo criterio pero con
distintos argumentos, que sobran en la
causa para hacerlos valer.
—¿O sea que son optimistas respecto
al nuevo fallo que debe dictar la Corte
local?
—Es así, podría rechazar la demanda
pero por otros argumentos que sí existen
en la causa y que no han sido tenidos en
cuenta en el fallo.
—¿Fiscalía hará su aporte?
—Con este fallo se nos va a correr tras-
lado por el recurso extraordinario plan-
teado por la empleada y allí argumentare-
mos todo lo que sostenemos conjunta-
mente con lo que se refiere a la
modificación del convenio colectivo que
en este caso rige.
—De todas formas, hay dos juicios más
en la órbita de la justicia provincial.
—Exactamente, uno está en la Cámara
Laboral donde resultó favorable a los inte-
reses de la provincia y el otro, contrario,
que está a resolver en la sala de apelacio-
nes en lo Laboral, así que esperamos se
resuelva pero seguramente todos van a
terminar en la Corte Suprema.
—¿Están en jaque las finanzas del
EPRE por estos fallos?
—Creería que no, absolutamente desde
ya lo descarto. Los recursos están y las
previsiones están.
—¿Se ha reunido con el presidente del
EPRE?
—Nos hemos reunido en reiteradas oca-
siones, la última hará unos veinte días
para tratar este fallo de la Corte Suprema
y ver las expectativas hacia el futuro,
dadas en la contestación que debe hacer
Fiscalía.
Los tres juicios tienen un denomi-
nador común, no haberse respe-
tado la estabilidad de los emplea-
dos, los tres abogados del EPRE.
El más avanzado y que desen-
cadenó la preocupación en el
gobierno fue el de Norma Navarro
de Eguía, quien fue cesanteada
hace veinte años, cobró indemniza-
ción pero igual reclamó la reincor-
poración con tres fallos en contra
en la justicia local pero con fallo a
favor en la Corte Suprema que hizo
suyos los fundamentos de la Pro-
curaduría.
El otro juicio es el de Martín
González, quien fue cesan-
teado hace diez años. En primera
instancia el juez Federico Soria or-
denó su reincorporación y el pago
de un monto cercano a los 6 millo-
nes de pesos.
El tercer caso también data de
hace diez años. El abogado
Pablo Moya reclamó y en primera
instancia tuvo sentencia desfavora-
ble. Actualmente está apelada en
Cámara.
Las causas
Jorge Alvo, fiscal de Estado,
