manentes planes de sumar más cámaras
de seguridad.
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Flagrancia fue el último empujón que
hacía falta para que el nuevo Código de
Procedimiento Penal de la provincia em-
pezara a ver la luz. Así fue que en sep-
tiembre del año pasado, cuando se hacía
el balance del primer mes de Flagrancia,
fue que se anunció el envío a la Cámara
de Diputados del proyecto. Previo a eso
una comisión especial había redactado el
anteproyecto y se lo había entregado al
gobernador.
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Otro de los temas que vienen de la mano
es el nuevo penal que estará ubicado en
el departamento Ullum. Una inversión de
1.700 millones de pesos para una cárcel
moderna que aliviará al actual penal que
se encuentra sobrepoblado, agravado por
las condenas de Flagrancia.
Suspendido
y sin cobrar
E
l juez Pablo Sebastián Flores, titu-
lar del Segundo Juzgado de Ins-
trucción, fue sancionado con un
mes de suspensión en el ejercicio de sus
funciones, sin goce de haberes. Este jue-
ves en la mañana el magistrado fue notifi-
cado de la decisión que tomó la Sala
Tercera de Superintendencia de la Corte
de Justicia, integrada por José Abel Soria
Vega, Guillermo De Sanctis y Adolfo Ca-
ballero.
El artículo 1º del Acuerdo Nº 45 fija la san-
ción prevista en el artículo 17 inciso G de
la Ley Orgánica de Tribunales.
Además, el artículo 2º le impone el juez
Viernes 10 de agosto de 2018
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Suspende a jueces morosos.
Hay auditorías. Se invierte en
infraestructura. Flagrancia
marcó el camino y busca un
Código de Procedimientos en
lo Penal más ágil.
D
urante más de 20 años, la justicia
se movió al ritmo de una Corte
encerrada en su castillo de cristal
y aislada de la sociedad. Nada cambiaba
y sólo eran noticias por escándalos, nom-
bramientos a dedo o morosidad en los
casos.
Con la mayor injerencia del fiscal de la
Corte, la llegada de dos nuevos integran-
tes y el ministro de Gobierno dispuesto a
producir cambios, hay una nueva cara de
la Justicia. Sumarios, suspensiones, audi-
torías puntuales, obligación de que los
jueces presenten un plan de trabajo tri-
mestral, que vayan a trabajar por las tar-
des, acotar la cantidad de horas a quienes
ejerzan la docencia y la prohibición de que
cumplan tareas directivas en colegios o
universidades, son algunos de los temas
de moda dentro del Poder Judicial de San
Juan.
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El ruido que hicieron varios casos en los
que jueces sanjuaninos fueron puestos
bajo la lupa a raíz de distintos casos de
supuesta morosidad o negligencia, em-
pieza a tener un desenlace. Primero fue el
caso de la jueza del Séptimo Juzgado
Civil, María Elena Videla. Después el del
juez del Segundo Juzgado de Instrucción,
Pablo Flores. Solo quedaría pendiente el
tema del exjuez de Jáchal y actual titular
del Noveno juzgado Civil, Pablo Oritja.
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Esto ha generado reacciones diversas en
la magistratura. Son pocos los que com-
parten este cambio –aquellos que tienen
el juzgado al día-, el resto objeta y marca
sus diferencias. Uno de los temas que no
ha caído bien es lo que han dado en lla-
mar “linchamiento mediático” de los jue-
ces bajo la lupa. Según la mayoría de los
magistrados, esto termina atentando con-
tra la propia Justicia, lejos de beneficiarla.
Si a eso se suma que la Corte se toma su
tiempo para analizar y ver qué decisión
tomar, el tiempo pasa y todo queda en el
olvido. Para otros, es la única forma de
sacar de la modorra a magistrados que se
habían adormecido en sus cargos.
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Pero no solo en materia administrativa o
de superintendencia se intentan generar
cambios. La entrada en vigencia del sis-
tema de Flagrancia marcó un quiebre, un
antes y un después. No solo el Poder Ju-
dicial realiza inversiones, sino que una
cantidad importante de fondos se giraron
desde el Ejecutivo para acompañar este
cambio. Por esa razón es que el CISEM –
sistema de vigilancia por cámaras en toda
la ciudad- cumple un rol clave y hay per-
CAMBIOS ADMINISTRATIVOS, INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA Y MODIFICACIONES LEGALES
Flores dos medidas estrictas.
El punto a) de ese artículo dice que de-
berá presentar un Plan de Trabajo y Orga-
nización ante la Dirección Administrativa
en un plazo máximo a los 7 días a partir
del reintegro a sus funciones. En el mismo
deberá precisar las actividades a su cargo
y de cada uno de sus funcionarios y em-
pleados del Juzgado, “así como las medi-
das a implementar a los fines de eliminar
el desorden funcional, la morosidad en la
tramitación de causas y las demás faltas
expresadas en los considerandos del pre-
sente Acuerdo”.
El punto b) dice que “cumpla estricta-
mente, en cuanto a plazos y formas, los
Acuerdos emanados de la Corte de Justi-
cia, con especial énfasis el Acuerdo Nº
15/17, relacionado al Centro A.NI.VI.
Finalmente, se le informó al juez Flores
que el cumplimiento de los requerimientos
los hará la Dirección de Seguimiento Es-
tratégico, Control de Gestión y Calidad Ju-
dicial.
La salvaría
la jubilación
T
ras finalizar la primera etapa para
reunir los antecedentes, la instruc-
tora sumariante formuló cargos y la
Sala Tercera de la Corte de Justicia or-
denó comunicar la medida a la jueza
María Elena Videla, titular del Séptimo
Juzgado Civil, quien está suspendida pre-
ventivamente desde febrero último.
El cargo formulado está encuadrado en
un artículo de la Acordada 24/98, por el
cual la magistrada no habría mantenido
una conducta irreprochable en el trato
hacia el personal del juzgado, pudiendo
ser ésta una de las consecuencias que
habría generado retraso en las causas.
A partir de hoy la jueza Videla tiene tres
días hábiles para responder esa formula-
ción de cargo. Luego el sumario entra en
una segunda etapa, la de descargo.
De ahora en adelante deben darse una
serie de pasos legales hasta que final-
mente la Sala Tercera de la Corte de Jus-
ticia, integrada por José Abel Soria Vega,
Guillermo De Sanctis y Adolfo Caballero,
resuelva si corresponde aplicar algún tipo
de sanción o si el sumario debe archi-
varse.
Con la espada
de Damocles
E
l caso del exjuez de Jáchal y ac-
tual titular del Noveno juzgado
Civil, Pablo Oritja, es el único que
hasta el momento no tuvo resolución o al
menos no trascendió qué pasará. Es que
el magistrado estuvo en el ojo de la tor-
menta durante el mes de mayo por una
firma que no puso en la declaración inda-
gatoria tomada al ginecólogo Carlos Mar-
tínez por tres denuncias por presunto
abuso.
La Corte ordenó una auditoría en el juz-
gado sobre tres expedientes puntuales.
Le negó el pedido de reintegrarse de su li-
cencia pero no le impidió que asumiera en
el Noveno Juzgado Civil. Hasta el mo-
mento no hay pronunciamiento.
El juez Pablo Oritja fue criticado
por su viaje a Europa
El juez Pablo Flores fue sancionado
con 30 días de supensión
La jueza María Elena Videla está
suspendida preventivamente
La Justicia sale
de la modorra
