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Viernes 1 de septiembre de 2017
traron en conflicto con la ley, que presen-
tan situaciones de consumo problemático,
para que puedan mejorar y eso impacta
en el delito. Tendría un doble propósito: lo-
grar que deje de consumir y bajar los índi-
ces de delito.
—¿Cómo sería en la práctica, una vez
que un adolescente es detenido y se
conoce que es adicto?
—En principio, la Comisaría del Menor de-
jaría de funcionar como tal y se convertiría
en un Centro de Admisión y Derivación de
Menores (CAD), donde además de poli-
cías capacitados, que trabajan de civil, es-
tarán psicólogos y asistentes sociales,
que puedan atender al chico, y luego el
juez, determinará si tiene que realizar un
tratamiento. La idea es que este centro
trabaje al 24 horas, al igual que sucede
con ANIVI (Atención al Niño Víctima de
Violencia), donde las víctimas puede reali-
zar denuncias a cualquier hora.
—Hay numerosas quejas sobre las con-
diciones en las que se encuentra la
Comisaría del Menor ¿debería cons-
truirse un edificio especial para el
CAD?
—Debería construirse o buscarse un lugar
donde funcione que no esté alejado de las
comisarías, porque si no sería complejo.
Debe ser un lugar donde los profesionales
puedan atender a los chicos, bajo ciertas
condiciones.
—Si el juez determina un tratamiento,
¿hay suficientes centros en San Juan
para hacerlo?
—Consideramos que sí. Tenemos aten-
ción en el Hospital Marcial Quiroga, está
el Proyecto Juan, para varones; maría del
Carmen para mujeres. Y en caso de nece-
sidad de internación, la provincia tiene
convenios con centros en otras provincias.
—Poner en práctica estos tribunales
implica una decisión política y también
el destino de fondos para la construc-
ción del CAD, por ejemplo, más la con-
tratación de otros profesionales. ¿Está
esa decisión?
—Coincidentemente la Corte ya realizó
capacitaciones en justicia terapéutica y tri-
bunales de drogas, y en el próximo Con-
greso Internacional de Prevención de
Adicciones, habrá una mesa sobre el
tema. Considero que una vez que vimos
la experiencia en Chile, ahora es trabajo
del subsecretario administrativo de la
Corte de Justicia, Mauricio Cerezo, de lo-
grar el apoyo del Poder Judicial, y de la
secretaria de Gobierno y Derechos Huma-
nos, Fabiola Aubone, de lograr el del
Poder Ejecutivo.
—¿Cuándo se pondrían en práctica?
—Antes de fin de año comenzaríamos a
trabajar en una prueba piloto.
EL JUEZ JORGE TORO EXPLICA CÓMO FUNCIONA
A
ntes de fin de año, San Juan
podrá en vigencia una prueba pi-
loto de los llamados “Tribunales
de drogas”, una experiencia novedosa
que ya se aplica en otros países como
Chile y también en la provincia de Salta.
La implementación de estos tribunales
significa un cambio de paradigma en el
concepto de justicia, ya que hacen un
abordaje integral de la problemática de
las adicciones, por lo son considerados
“terapéuticos” o “sanadores”.
El objetivo principal de este sistema es
lograr la recuperación de los adolescen-
tes o jóvenes que transgredieron la ley
penal, por lo que una vez detenidos, son
asistidos no sólo por policías debida-
mente capacitados sino también por psi-
cólogos y asistentes sociales. Los
profesionales elaboran un diagnóstico y
lo elevan al juez, quien compromete al
joven a ingresar en un tratamiento de
recuperación que es monitoreado por la
Justicia. Es una respuesta no punitiva
sino social, que apunta a bajar los nive-
les de drogadicción y que las personas
que por primera vez cometieron un delito
relacionado con problemas de drogas se
puedan reinsertar en la sociedad.
Para conocer más acerca de este sis-
tema de justicia, el titular del Primer Juz-
gado Penal de la Niñez y la
Adolescencia Jorge Toro; el subsecreta-
rio administrativo de la Corte de Justicia,
Mauricio Cerezo; y la secretaria de Go-
bierno y Derechos Humanos, Fabiola
Aubone, viajaron a Chile, donde los Tri-
bunales de Tratamiento de Drogas y/o
Alcohol (TTD) funcionan desde el año
2004.
El juez Jorge Toro habló con
El Nuevo
Diario
respecto de estos nuevos tribuna-
les.
—¿Cómo funcionarán los tribunales
de droga en San Juan?
—En febrero de este año, San Juan
puso en práctica una reforma del Código
Procesal Penal, que especializa el de
adultos y que nos permitió contar con un
procedimiento penal juvenil especiali-
zado. Para eso fue necesario que los
viejos juzgados de menores —este año
éste cumple 50 años— nos convirtiera-
mos en juzgados penales especiales,
juzgados penales de la niñez y la ado-
lescencia. En la búsqueda de recursos
para el tratamiento de los chicos, y pen-
sando en aquellos que registran con-
sumo de sustancias adictivas, fuimos a
conocer la experiencia de Chile. No es
un tribunal distinto, en los que haya que
nombrar jueces, sino lo que se busca es
implementar programas para adaptar he-
rramientas que permitan trabajar sobre
la realidad de aquellas personas que en-
Salta fue la primera provincia en confor-
mar los llamados “Tribunales de Dro-
gas”, y ahora será San Juan, a partir de
Se viene la justicia
terapéutica
la experiencia adquirida en Chile, donde
el sistema ya está dando buenos resul-
tados.
NACE actual SENDA, SENAME, Fun-
dación Paz Ciudadana, Gendarmería
de Chile y Ministerio de Justicia, que
suscribieron un convenio interinstitu-
cional.
Durante 2016 se trabajó por todas las
instituciones del Convenio en la Mesa
Operativa que coordina el Ministerio de
Justicia, obteniéndose importantes
productos que vinieron a perfeccionar
el modelo y su implementación tanto el
área de adultos como de adolescentes
infractores de ley, para lograr importan-
tes resultados, entre los que se desta-
can la reducción de la reincidencia
criminal hasta un 89%, respecto de
aquellas personas ingresadas en el
año 2014 y que terminaron exitosa-
mente el programa para ser sobreseí-
das definitivamente en el proceso
penal.
L
os TTD chilenos constituyen
un modelo de tratamiento in-
tegral de infractores de ley
con consumo problemático de dro-
gas y/o alcohol que se aplica en los
juzgados de garantía, e incorpora
una metodología que se inspira en
lo que se ha denominado “justicia
terapéutica”. Cuenta con 29 progra-
mas en igual número de tribunales y
10 regiones a lo largo del país cuyos
destinarios son las personas adul-
tas, esto es desde los 18 años de
edad. 7 de estos Juzgados cuentan
con este modelo para jóvenes—
adolescentes infractores de ley
(entre 14 y 18 años). El sistema se
basa en la actividad coordinada y no
adversarial de organismos como el
Poder Judicial, el Ministerio Público,
la Defensoría Penal Pública, CO-
El modelo chileno
