De esos 15 la gran mayoría (9)
no tuvieron ninguna resolución al
momento de finalizar el releva-
miento.
3 fueron declaradas prescriptas
por violación al plazo razonable.
En sólo 3 casos se realizó juicio
oral o abreviado.
en los procesos penales en los que se
investigan hechos de corrupción.
De 21 causas relevadas, el pro-
medio de duración de los expe-
dientes es de 137 meses, es
decir, más de 11 años.
De 21 expedientes, sólo 15 llega-
ron a la etapa de juicio
7
Viernes 10 de junio de 2016
A
partir de los Convenios de
Colaboración firmados entre
la Oficina de Coordinación y
Seguimiento en materia de Delitos
contra la Administración Pública de
la Procuración General de la Nación
(OCDAP) con las organizaciones
Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ) y el Centro de Inves-
tigación y Prevención de la Crimina-
lidad Económica (CIPCE), se
elaboró un proyecto orientado a ve-
rificar empíricamente dónde, cómo y
por qué se producen las demoras
Demoras que alarman
Abel Soria – Juez Civil
“Estoy dentro de los
plazos razonables,
estoy al día”
—¿Hay morosidad en el fuero Civil?
—En mi caso particular, estoy dentro de
los plazos razonables, estoy al día. La
sentencia más vieja tiene fecha de los
primeros días de mayo.
—Hay abogados que se quejan por-
que para proveer un escrito se de-
moran siete días, ¿es así?
—En casi todos los juzgados pasa, no
se puede negar o mentir que no ocurre,
pero obedece al tipo de presentación
que se hace. En realidad el plazo es de
dos días.
U
n recurso ante la Corte de Jus-
ticia de San Juan que presentó
el abogado Guido Romero
está a punto de cumplir tres años en
los próximos días. Según el letrado,
aún no fue admitido, es decir que la
Corte todavía no dice si el recurso
cumple o no con los requisitos forma-
les. Una vez admitido, recién se ana-
liza el tema de fondo, es decir el
motivo de la presentación. El abogado
“celebrará” los tres años de presenta-
ción del recurso llevando una torta a
Del relevamiento efectuado, se
consideró importante determinar el
tiempo transcurrido entre la comi-
sión del hecho y su judicialización,
lo cual arrojó un promedio de 40
meses, dato por demás relevante
si se toma en consideración que en
otro tipo de casos, generalmente
hay una inmediatez entre el hecho
y su denuncia.
Curiosa morosidad en San Juan
Tribunales.
Otra causa que se durmió en el
tiempo fue una denuncia formulada
contra el exintendente de Ullum, Jorge
Agapito Gil, y contra quien era funcio-
nario de su gabinete, Alfredo Simón
Ortiz. Un proveedor fue quien denun-
ció el extravío de un facturero y des-
pués algunas facturas aparecieron
como cobradas. La causa demoró 15
años en tener un dictamen de la Justi-
cia. En el fuero Civil hay un solo juz-
gado que tiene todo al día.
—Que en el fuero Penal haya una ma-
yoría de hechos que sean de autores
desconocidos, ¿genera la duda y la
deuda que dice la sociedad que hay?
—Sin dudas, se está en deuda en ciertos
hechos de criminalidad, está rota la ecua-
ción trabajo—hombre, de ahí el colapso,
no sabemos dónde estamos parados y
dónde queremos llegar. Actualmente quien
investiga es un juez, lo que no comparto
porque la investigación tiende a que esté
en la cabeza de los fiscales. Ese juez está
de turno por el período de un mes y la
zona que cubre, salvo lo que corresponde
a la Segunda Circunscripción, va desde
Albardón hasta Media Agua y desde Valle
Fértil hasta Zonda.
—¿Cuántas causas se generan por
turno?
—Durante un mes pueden generarse poco
más de dos mil causas que ingresan a un
juzgado en el supuesto que empiecen en
la policía. Una vez que están en el juz-
gado, el órgano de la Justicia cuneta con
un juez, secretario, prosecretario y entre
cuatro y cinco instructores para la totalidad
de causas que mencionaba. Se van a ins-
truir porque el Código da prioridad a las
causas con detenidos, estas son delitos
que no permiten excarcelación –homicidio,
violación, robo agravado— o cuando el
delito no obstante permitir la excarcela-
ción, el imputado tiene condena anterior.
—¿Hay morosidad en la Justicia
local?
—Hay morosidad pero se debe a
una eclosión del sistema. Imagine
que por cada turno de 30 días ingre-
san a cada juzgado unas 2 mil cau-
sas. De ese número más de la mitad
es con autores sin identificar, desco-
nocidos, y del resto, la mitad es por
delitos excarcelables. Además hay
un promedio de 20 debates anuales
por Sala y hay tres Salas, o sea 60
juicios por año y por mes ingresan
dos mil causas a un solo juzgado,
no hay sistema que aguante.
—¿Hay excepciones a este des-
borde?
—Hay excepciones, pero no puede
ser que en algunos juzgados del
fuero Civil demoren una semana en
proveer un escrito.
—¿A qué es atribuible la morosidad
en el fuero Penal?
—Es una forma de decir de quien con-
curre a Tribunales, sin perjuicio de ello
esto no significa inacción de los acto-
res. Los jueces nos vemos superados
por la cantidad de causas que tenemos
en los escritorios.
—¿De aprobarse la figura de fla-
grancia, impacta y cambia en algo
esta situación?
—Lo que hay que entender es que con
la flagrancia no habrá menos delitos ni
disminuirá la inseguridad, pero sí se
dará una respuesta rápida a la gente.
Además, si se aprueba, habrá cuatro
juzgados, cuatro fiscalías y cuatro de-
fensorías más, esto descongestionará
los juzgados.
—¿Hay trato preferencial para
algunas causas que favorecen a
unas y van en desmedro de otras?
—En lo que respecta a nuestra causa,
la de la mutual de la Universidad,
podría haber tenido un trato mucho
más ágil del que está teniendo, vaya
como ejemplo el tratamiento que tuvo
la
causa por las irregularidades en el
Maximiliano Blejman – Camarista Penal
“Los jueces nos vemos desbordados
por la cantidad de causas”
Fernando Echegaray – Abogado penalista
“Hay 60 juicios por año y por mes
entran 2 mil causas a un juzgado”
Fabrizio Médici – Fiscal de
Instrucción
“No sabemos
dónde estamos
parados y dónde
queremos llegar”
Omar Cereso – Presidente Mutual de la UNSJ
“La causa tiene un trato que
no favorece a la mutual”
Arzobispado, que es una causa
también de contenido económico,
con menos involucrados y con una
celeridad que no tuvo nuestra
causa. Tenemos
la firme sospecha que por la calidad
de los involucrados y denunciados
por la mutual como prestamistas
usureros, la causa tiene un trato
que no favorece a la mutual.
