Viernes 17 de junio de 2016
6
ENTES Y DEFENSORÍAS TIENEN PRESUPUESTOS MILLONARIOS Y
TARIFAZO
usuarios
desamparados
Algunos organismos pueden ir
a la Justicia pero no lo hacen.
Los entes no dan respuestas y
derivan a Buenos Aires. Las
Defensorías del Consumidor y
del Pueblo tienen presupues-
tos abultados y plantas de per-
sonal numerosas. La gente se
siente desprotegida y no sabe
a quién recurrir. Encarar una
acción legal particular es caro.
L
a privatización de servicios en la
Argentina trajo aparejada la crea-
ción de entes reguladores para el
control de las empresas prestadoras,
como ENARGAS y EPRE, entre otros. Y
buscando la defensa de los derechos de
los ciudadanos, el Estado propició la crea-
ción de las Defensorías del Pueblo y del
Consumidor. Hoy, todos estos organismos
están cuestionados porque frente a los re-
clamos del ciudadano, o no dan respues-
tas o limitan su margen de acción.
l l l
En momentos en que las tarifas de luz y
gas, entre otros servicios, impactan fuerte-
mente en el bolsillo de los trabajadores,
ninguno de estos organismos llevó el re-
clamo a la justicia, aun cuando algunos
están claramente habilitados por la ley. Al
ser consultados, los responsables de
estos organismos (o quienes responden),
dicen que no tiene facultades para recla-
mar; sin embargo a ellos les cabe la de-
fensa de los derechos difusos.
l l l
Y es que justamente los derechos difusos
o derechos de incidencia colectiva se re-
fieren a aquellas situaciones en que existe
un conflicto de derechos que alcanza el in-
terés de un grupo más o menos determi-
nado de personas. Pueden referirse a
derechos que son individuales, pero que
se dan de una manera tan idéntica u ho-
mogénea respecto de todos los de un
grupo, que resulta razonable reclamar de
una sola vez, para lograr una sentencia
que resuelva la situación de toda la clase.
l l l
En el caso de los tarifazos, el único que
dio respuesta a los miles de planteos simi-
lares en todo el país, fue el propio go-
bierno nacional, que pidió a los usuarios
de gas que no pagaran incrementos supe-
riores al 400%, tope conseguido, además,
por las gestiones de los gobernadores. Un
par de amparos logrados en el Sur y en
Mendoza, tampoco fueron presentados
por estos cuestionados organismos –que
gozan de presupuestos millonarios para el
pago de sueldos, asesores, etc.- sino por
ONG’s, cámaras de comercio, profesiona-
les o empresas privadas, etc.
La justicia mendocina impuso un límite
máximo de aumento del 80% y es muy
probable que termine imponiendo la pos-
tura que ese tope beneficie a los usua-
rios. En San Juan, hay una gran
incertidumbre de los usuarios. Ni si-
quiera los organismos pertinentes se en-
cargaron de explicarle cómo calcular los
aumentos –son sobre lo consumido y el
precio del metro cúbico y no por la fac-
tura anterior con menor consumo- y hay
una sensación de desamparo de los
usuarios.
Desde el Gobierno provincial ya avisaron
que las negociaciones con la Nación
están casi agotadas, no hay más res-
puestas e incluso el gobernador Sergio
Uñac afirmó que no está conforme con el
tope del 400%, que le parece excesivo
pero ningún organismo tomó el guante
para judicializar el tema.
Altos presupuestos
P
resupuestos millonarios para su
funcionamiento e importantes
plantas de personal son las ca-
racterísticas de esos organismos, que
en algunos casos no tienen peso para
sancionar, como la Defensoría del Pue-
blo que solamente puede exhortar o
aconsejar acciones reparatorias.
l l l
La Dirección de Defensa al Consumidor,
no puede actuar en todos los casos de
reclamo. No tiene injerencia en el tema
de reclamos por el tema gas y electrici-
dad. Resuelve algunas quejas de telefo-
nía celular o fija, pero otras son
derivadas al organismo que regula las
comunicaciones.
Sin respuesta
Intentar obtener una entrevista periodística es imposible. En organis-
mos como ENARGAS o ENACOM derivan las consultas a Buenos
Aires, las que deben hacerse necesariamente vía correo electrónico.
En el caso concreto de ENARGAS y
EPRE, sus presupuestos están en
cierta forma sostenidos por las empre-
sas a las cuales deben controlar. En
ambos casos una parte del presupuesto
de su funcionamiento contempla ingre-
sos por el cargo de tasa de fiscaliza-
ción, que en definitiva perjudica al
usuario, porque ese aporte se traslada
a la factura de gas o de energía.
—¿Qué organismos pueden ir a la
Justicia con un amparo por el tema
tarifario?
—Con un recurso de amparo puede ir
el Defensor del Pueblo, porque es
quien representa los derechos difusos
de los ciudadanos.
—¿Defensa al Consumidor podría
hacer una presentación similar?
CARLOS LORENZO ABOGADO
“Defensoría del Pueblo
sí puede ir con un
amparo a la Justicia”
