En San Juan
María Rosa
Pacheco
D
esapareció el 2 de junio de 1996
cuando salía de cuidar a su madre
que estaba internada en el exSana-
torio Brown. Era una psicóloga que traba-
jaba en el programa PRISE (Programa de
Reformas e Inversiones en el Sector Edu-
cativo) y también en el Centro Caminos,
lugar dedicado a la recuperación de adic-
tos. Fue dada por muerta tras haberse en-
contrado un cráneo en el Villicum. Hubo
juicio pero los dos únicos acusados, su ma-
rido y su cuñado, fueron absueltos bajo el
beneficio de la duda. Hubo numerosos ru-
mores sobre la desaparición y vinculacio-
nes al poder, pero nunca se probó nada. El
gobierno del entonces gobernador Jorge
Escobar tambaleó.
Raúl
Tellechea
R
aúl Félix Tellechea era un ingeniero
que trabajaba en la Universidad,
comisario deportivo ligado al ci-
clismo y desempeñaba tareas en la Mutual
del Personal de la UNSJ. Desapareció el
28 de septiembre de 2003. Fue investigada
como averiguación de paradero, luego
cambió a desaparición forzada en el ámbito
de la justicia provincial hasta que el caso
pasó a la Justicia Federal. Hay nueve impu-
tados, de los cuales seis están procesados.
Cuatro exfuncionarios del exgobernador
José Luis Gioja aparecen en la lista, por
esa razón es que investiga la Justicia Fede-
ral.
Viernes 27 de octubre de 2017
10
FUERON CASOS RESONANTES, DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y
Casos emblemáticos que
estremecieron a la sociedad.
Algunos fueron resueltos,
otros no, pero lograron
algunos cambios importantes.
A
partir de la desaparición del arte-
sano Santiago Maldonado y del
fuerte impacto social y político
que el hecho generó, vienen a la memo-
ria muchos casos que en su momento ja-
quearon gobiernos, pusieron punto final a
dinastías políticas y cambiaron rumbos
de manera histórica.
Las muertes que hicieron tambalear
María Soledad Morales
C
orría el año 91 y la muerte de
una adolescente de 16 años
causó un verdadero escándalo
social y político. Catamarca empezó a
verse envuelta en un clima de beligeran-
cia. A la par, la política se metía en el ex-
pediente judicial. Aparecían nombres de
hijos de políticos de turno en Cata-
marca, fiestas sexuales con menores,
drogas y demás. El intento de las autori-
dades provinciales por encubrir el asesi-
nato desencadenó históricas
movilizaciones populares que contaron
con el apoyo de amplios sectores en
todo el país, tras lo cual se logró el es-
clarecimiento del homicidio y se pusie-
ron de manifiesto las condiciones
semifeudales del ejercicio del poder en
muchas provincias argentinas. Este
hecho produjo un considerable cambio
político en Catamarca, era el final del
reinado de los Saadi. Aquellas «mar-
chas del silencio» se popularizaron
como método de lucha popular en mu-
chísimos otros lugares del país en los
que se reclama contra la impunidad. La
provincia fue intervenida por el gobierno
de Carlos Menem. Por el caso fueron
condenados Guillermo Luque, a 21 años
de prisión y Luis Tula, a 9 años. Ambos
ya están en libertad. Nunca se investigó
la cadena de encubrimientos.
E
l 6 de marzo de 1994, el fla-
mante conscripto Omar Ca-
rrasco, de 19 años, desapareció
mientras cumplía con el servicio militar
obligatorio en el regimiento de Zapala,
provincia de Neuquén. Tres días antes
Carrasco se había incorporado. Fue un
domingo a la siesta cuando lo sacaron a
“bailar” al patio de la unidad militar.
Hubo patadas y un golpe con un ele-
mento contundente en el ojo, en tanto
que una costilla fisurada le perforó el
pulmón y terminó ahogándose con su
propia sangre. Sus padres fueron a visi-
tarlo y en la unidad militar les dijeron
que había desertado. Incluso hasta la-
braron el acta correspondiente. Sus pa-
dres desconfiaron de la versión oficial
pues conocían que Omar era relativa-
mente sumiso y jamás haría eso. Nin-
guna instancia militar les dio respuestas.
El diario regional Río Negro publicó que
los padres lo buscaban con desespera-
ción. La Justicia Federal de Zapala de-
moraba imprudentemente la
investigación. La opinión pública co-
menzó a movilizarse y a ejercer presión.
Un mes después fue encontrado el
cuerpo de Omar en el fondo del cuartel.
Por el caso, fueron condenados el sub-
teniente Ignacio Canevaro (a 15 años
de prisión) y los soldados Cristian Suá-
rez y Víctor Salazar, a 10 años. Al sar-
gento Carlos Sánchez le dieron 3 años
por encubridor. El hecho sirvió para que
servicio militar obligatorio se diera por fi-
nalizado en el país y se creara la profe-
sionalización de las Fuerzas Armadas.
Omar
Carrasco
E
l fiscal federal Alberto Nisman
trascendió por tener a su cargo la
investigación del atentado a la
AMIA. Antes había pedido el procesa-
miento de Mauricio Macri cuando era
jefe de Gobierno porteño, por crear un
sistema de espionaje a ciudadanos. El
18 de enero de 2015 fue encontrado
muerto con un disparo en la cabeza en
su departamento de Puerto Madero. Al
día siguiente debía concurrir a la Cá-
mara de Diputados para exponer los
fundamentos de su acusación en contra
de Cristina Fernández de Kirchner, por
entonces presidenta. En diciembre de
2016, la Cámara Federal de Casación
Penal ordenó que se continúe con la in-
vestigación por encubrimiento y por trai-
ción a la patria de la ex presidenta de la
Nación, que había sido desestimada por
el juez Daniel Rafecas y lo desvinculó
de la causa, ahora a cargo del juez
Claudio Bonadio. El caso significó el
principio de la caída del Frente para la
Victoria. En noviembre de ese año per-
día en segunda vuelta electoral.
D
esapareció el 2 de octubre de
1997 en la provincia de Men-
doza. Una noticia enviada de
la Unidad Regional II de San Rafael in-
dicaba que un joven “con problemas
mentales” había golpeado a un cabo
en el destacamento de El Nihuil y que
se hallaba desaparecido. Diez días
más tarde, el cuerpo de Sebastián
Bordón, un chico de 18 años oriundo
de Moreno (Buenos Aires) que estaba
de viaje de egresados, aparecía
Sebastián Bordón
Alberto
Nisman
muerto al pie de un risco en el Cañón
del Atuel. Con la aparición del cadáver
-no muchos lo podían presagiar- co-
menzaba un cambio histórico en la Po-
licía de Mendoza -responsable de tres
desapariciones de civiles en siete
años: Guardati (1992) y Garrido-Baigo-
rria (1990)-. Y en menos de dos años
(la Policía) empezaría a ser manejada
por civiles, pasando los comisarios ge-
nerales a las segundas líneas.
