combrera Cerro Amarillo, al norte del ya-
cimiento Los Pelambres, la séptima mina
de cobre más grande del mundo. El bota-
dero se usó, por lo menos, entre fines de
2007 y 2012. Allí arrojaron todos los des-
hechos de la mina: desde neumáticos
hasta rocas sin valor comercial por el bajo
o nulo contenido de los minerales busca-
dos, pero capaces de provocar drenaje
ácido, una forma de contaminación.
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—¿Qué pasó en la audiencia por el
tema Pelambres?
—La audiencia se realizó conforme a lo
establecido por el juez, concurrimos con
el doctor Jorge Alvo. Por minería estuvo
presente el doctor Hensel y el ingeniero
Machuca; por Fiscalía de Estado el doc-
tor Alvo y yo, y minera Los Pelambres
con un directivo y su abogado y peritos
de la causa.
—¿Qué debía pasar en esta audien-
cia?
—Pelambres debía presentar un plan de
retiro de escombros, la empresa puso al-
gunos inconvenientes que ellos veían re-
lacionados con la posibilidad de hacer el
retiro, querían hacer tareas de degrada-
ción y después el retiro, a lo que el juez
dijo que ellos debían presentar ese plan y
les dio diez días, a partir de la fecha, a
presentar el plan. Ha sido consecuente
con la resolución del 3 de agosto pasado,
cuando ordenó el retiro definitivo de la es-
combrera.
—¿Cuál es el plazo máximo que plan-
tea la provincia para que se retire la
escombrera?
—Estamos viendo de acuerdo a muchos
condicionantes pero dentro de una razo-
nabilidad, la provincia habla de entre tres
años y tres años y medio, probablemente
haya una modificación y extenderse pero
nada excesivo, sería de cuatro años a cua-
tro años y medio, en eso somos inflexibles
porque queremos el retiro, queremos un
plan de progresividad, evitar la degrada-
ción del medio ambiente, monitoreos de
todo tipo y hasta una planta de tratamiento
para evitar una posible contaminación.
—¿La empresa sigue en la postura de
retirar el material en diez años?
—A ciencia cierta en esta audiencia no se
habló del plazo, pero en conversaciones
previas que habría tenido con la gente de
Minería, que es quien sabe detalles técni-
cos, se calcula no más de cuatro años y
se ha puesto en autos que de ahí Pelam-
bres no se podrá extender.
—¿Ha quedado claro que la Justicia no
está del lado de la conveniencia de los
tiempos de la empresa?
—Por supuesto, esto quedó de manifiesto
claramente en la audiencia por parte de
Fiscalía de Estado. Además ha quedado
en claro que los derechos de los sanjuani-
nos no se pactan, tenemos el convenci-
miento del retiro definitivo y proteger lo
que la Constitución nos manda sobre el
Medio Ambiente.
Gastón Noguera Ramos – Responsable área medioambiental Fiscalía de Estado
“Los derechos de los sanjuaninos no se pactan”
Viernes 27 de octubre de 2017
pero el botadero no será removido y la
compañía chilena sólo será responsable
por la calidad de la obra durante 10 años.
Exigen la intervención del Congreso na-
cional, ya que involucra el movimiento
transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el
gobierno chileno autorizó a la firma Anto-
fagasta Minerals la instalación de la es-
Encabezados por el
abogado Ricardo Gil
Lavedra, fracasó el plan de la
minera chilena para dilatar
los tiempos. San Juan quiere
que el retiro de escombros no
vaya más allá de los
cuatro años y medio.
E
l caso de la escombrera de Cerro
Amarillo, conocida como la escom-
brera de Pelambres, arrojó noveda-
des en la audiencia celebrada ayer jueves
en el despacho del juez federal Leopoldo
Rago Gallo. Es que se esperaba que la mi-
nera controlada por el grupo Luksic presen-
tara el plan de contingencia para el retiro
definitivo de los residuos mineros, decisión
que tomó el magistrado el pasado 3 de
agosto.
Sin embargo esto no ocurrió. La minera chi-
lena, lejos de presentar el plan, llegó con
una propuesta de degradación y un poste-
rior retiro, lo que superaría largamente los
plazos que pretende la provincia para el re-
tiro definitivo.
Todo esto, sumado a otros condimentos, ge-
neró el enojo del juez Leopoldo Rago Gallo,
quien empezó a rechazar de plano argu-
mentos que, a decir de uno de los partici-
pantes, se caía a pedazos. Culpar a terceros
por supuesto nuevo trazado de límites, los
costos para la empresa y un teórico plan de
degradación de los escombros primero, fue-
ron suficientes para que cambiara el clima
en la audiencia.
El juez, que ya había fijado reglas claras,
volvió a cargar contra la empresa en cuanto
a sus intenciones de estirar los tiempos:
Rago Gallo dio como último plazo el 8 de
noviembre para que la minera chilena pre-
sente el plan de retiro de escombros. Ade-
más también dejó en claro que se va a
privilegiar el cuidado del Medio Ambiente y
no la conveniencia de la minera chilena.
También rechazó el argumento de que el de-
pósito en ese lugar de los escombros se
debió a un cambio en el trazado de los lími-
tes que nunca fueron comunicados a Pelam-
bres.
De esta forma el reconocido abogado Ri-
cardo Gil Lavedra vio venirse abajo rápida-
mente su estrategia para seguir estirando en
el tiempo el retiro la escombrera, cuyo costo
rondaría los 300 millones de dólares.
Historia del
megabasurero
L
a minera chilena Pelambres, insta-
lada a pocos kilómetros de la frontera
con Argentina, creó una escombrera
de material potencialmente contaminante en
territorio sanjuanino, en el que arrojó unas
55 millones de toneladas de residuos peli-
grosos entre 2007 y 2012. Son casi más
de 52 hectáreas, que un estudio privado
concluyó que ya arrasó con algunas lagu-
nas, secó vegas y va camino a contaminar
un curso de agua que alimenta al río San
Juan. El gobierno provincial firmó un
acuerdo para que la zona sea aislada,
FIJÓ AUDIENCIA PARA EL 8 DE NOVIEMBRE
Pelambres: el juez se enojó y pidió
el plan de retiro de escombros
Los responsables de la empresa Luksic, que opera Pelambres, llegan al Juzgado Federal el jueves por la mañana.
El caso lo sacó El Nuevo Diario en fe-
brero de 2015. Esto generó preocupa-
ción en las autoridades de Minería de la
provincia de la época, aunque consul-
tado el entonces ministro Felipe Saave-
dra, se limitó a decir que “era un conflicto
entre privados”. Sin embargo el caso
llegó a ser tratado por la cancillería Ar-
gentina y pasó a ser una cuestión de Es-
tado.
