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Viernes 21 de septiembre de 2018
CASO DEL ABORTO NO PUNIBLE REALIZADO A UNA MENOR CON DISCAPACIDAD
Paola Miers –abogada-,
Federico Bazán y Federico
Antequeda –médicos- habrían
revelado datos confidenciales,
según lo que evalúa la
Justicia.
L
a imputación que la fiscal correccio-
nal Silvina Gerarduzzi haría a la
abogada Paola Miers y a los médi-
cos Federico Bazán y Federico Ante-
queda por intentar interrumpir el aborto
no punible realizado a una menor de 14
años, con discapacidad y cuyo embarazo
fue producto de una violación, está bajo
estudio y a la espera de otra denuncia
que ingresó también al Segundo Juzgado
de Instrucción.
La fiscal se toma su tiempo. Ha solicitado
una serie de medidas que servirán para
sostener, como pruebas, la acusación. Ya
cuentan con el relato que la propia Miers
hizo en su denuncia, la que fue desesti-
mada y archivada por el juez Ricardo
Grossi Graffigna, quien subrogaba a
Pablo Flores por estar suspendido.
La fiscal haría uso del artículo 157 bis, in-
cisos 1 y 2, que establece que “
será re-
primido con la pena de prisión de un
(1) mes a dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o vio-
lando sistemas de confidencialidad y
seguridad de datos, accediere, de cual-
quier forma, a un banco de datos per-
sonales;
2. Ilegítimamente proporcionare o re-
velare a otro, información registrada
en un archivo o en un banco de datos
Por qué la Justicia imputaría
a los denunciantes provida
personales cuyo secreto estuviere
obligado a preservar por disposición
de la ley
.
Por este artículo, el más comprometido
es el médico Federico Antequeda, ya
que es funcionario público y cumple ta-
reas en el Hospital Rawson. De igual
modo podría caberle la misma sanción
al médico Federico Bazán si se prueba
que trabaja en el Hospital Marcial Qui-
roga.
El delito descripto en el artículo 157 bis
es excarcelable, aunque el hecho de que
algunos de los imputados sean funciona-
rios públicos actúa como agravante.
Las pruebas claves
L
a denuncia que fue desestimada
en el Segundo Juzgado de Instruc-
ción sería la columna vertebral que
tendría la fiscal Gerarduzzi para impu-
tar a los tres protagonistas y pedir la
indagatoria.
Según fuentes judiciales, el relato de
los hechos dejaría al desnudo el pro-
ceder incorrecto que llevó al juez Ri-
cardo Grossi Graffigna a pedir que
esas actuaciones se giraran al fiscal
correccional en turno para que se in-
vestigue la presunta comisión de algún
delito.
El caso
El médico Federico Bazán y su esposa, la abogada Paola Miers, fueron los que denunciaron
a los profesionales que realizaron el aborto no punible a una menor con discapacidad.
L
os médicos que practicaron un
aborto a una adolescente de
14 años con discapacidad que
había sido violada, fueron denuncia-
dos ante la Justicia por otro profesio-
nal del mismo hospital donde se
concretó la intervención.
El aborto se practicó, en el primer
caso legal de ese tipo en la provincia,
en medio de serios incidentes cuando
grupos antiabortistas intentaron impe-
dir el paso de la camilla en que era
trasladada la menor.
Sin embargo, el fiscal Daniel Galvani
pidió el archivo de la causa enten-
diendo que estaba perfectamente en-
cuadrado dentro del inciso 2 del
artículo 86 que hace referencia a las
excepciones en el aborto para que no
sea punible. Lo que sí hizo el fiscal es
poner el ojo sobre el accionar de los
denunciantes y terminó marcando
una serie de situaciones que podrían
importar un delito.
