Viernes 21 de septiembre de 2018
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La investigación no solo pasa
por saber quién asesinó al
jubilado de 65 años, en la
mira hay efectivos de la sec-
cional 29 y de Criminalística.
L
a muerte violenta de la cual fue
víctima Juan Ramón Escudero, un
jubilado y metalúrgico de 65 años,
que era ciego, encierra una página os-
cura y no precisamente de su vida perso-
nal, sino del proceder policial. También el
hecho muestra relajamiento policial y un
sistema judicial que no da para más.
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La necesidad de la existencia de una po-
licía judicial o de una investigación que
importe un doble control, el fiscal en el
lugar del hecho controlando a la policía y
la policía controlando al fiscal, es lo que
asoma tras este hecho que podría termi-
nar con policías investigados penalmente
y un secretario Letrado de un juzgado
Correccional -recientemente ascendido a
Secretario Relator- contra las cuerdas.
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El domingo por la noche la vivienda ubi-
cada en calle Colón, en Santa Lucía, se
llenó de policías. Un sobrino dio aviso
que había encontrado a su tío tirado,
boca abajo, en una de las habitaciones
de la vivienda, donde vivía solo.
Cuando llegaron efectivos de la Seccio-
nal 29, dieron aviso al Primer juzgado
Correccional y se actuó de acuerdo al
procedimiento cuando se entiende que
no hay una muerte violenta. Por esa
razón se comunicó sobre el hecho al juz-
gado del juez Eduardo Agudo.
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Tras los procedimientos de rigor, el se-
cretario letrado del juzgado, Juan Pablo
Ortega, dio la orden de levantamiento del
cadáver y que fuera trasladado a la mor-
gue judicial para la autopsia de rigor en
virtud que, de acuerdo a lo informado por
la Policía –efectivos de la seccional 29 y
de Criminalística-, se estaba ante una
muerte sin asistencia médica.
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Grande fue la sorpresa cuando la autop-
sia arrojó un resultado contrario a todo lo
que se venía sosteniendo: la muerte fue
violenta. La víctima tenía un golpe en la
frente, había sangre, presentaba un agu-
jero en la parte posterior del pantalón y
un orificio en el ano que daba muestra de
la introducción de un objeto de grandes
dimensiones, lo que determinó que murió
por un empalamiento.
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Ese fue el motivo por el cual el expe-
diente pasó del Primer juzgado Correc-
cional al Cuarto Juzgado de Instrucción,
a cargo del juez Martín Heredia Zaldo. El
magistrado no solo tiene la tarea de in-
vestigar el homicidio de Escudero, sino
también determinar si existió una pre-
sunta cadena de responsabilidad de
parte de los efectivos intervinientes en un
primer momento.
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En este marco de responsabilidades no
quedaría afuera el secretario del Primer
juzgado Correccional, Juan Pablo Or-
tega, el responsable de haber emitido la
JUAN RAMÓN ESCUDERO FALLECIÓ POR EMPALAMIENTO
El crimen salvaje que la Policía
informó como muerte sin violencia
orden de levantamiento del cadaver. Si
bien lo hizo de acuerdo a lo que le informó
la policía, no es menos cierto que nunca
se apersonó por el lugar del hecho. Y se
investiga si el propio policía que informó al
juzgado tampoco fue a la vivienda del
hecho. Es más, en Tribunales es sabido
que el juez al que le toca estar en turno,
deja órdenes de levantamiento de cadáve-
res firmadas en blanco, manejándose todo
por teléfono.
Tras el pedido de sumario realizado por el
juez Martín Heredia Zaldo al jefe de Poli-
cía para determinar responsabilidades ad-
ministrativas, desde el Ejecutivo no
piensan asumir solos la responsabilidad
eventual.
El propio ministro de Gobierno ya dejó en
claro que el secretario Juan Pablo Ortega
no saldrá indemne de este hecho.
Cómo estaba el cuerpo
A
l llegar la Policía al lugar, el
cuerpo de Juan Ramón Escudero
estaba tendido en una de las habi-
taciones, al lado de la cama, boca
abajo. Presentaba un golpe en la frente
y sangre. Además, tenía un agujero en
el pantalón y un orificio en la zona anal,
producto de un elemento extraño que le
introdujeron. Ese fue el motivo del falle-
cimiento. Muerte por empalamiento, un
crimen bestial, una práctica de siglos
pasados. Sin embargo, el magistrado
todavía no encontró el elemento que fue
usado como arma homicida. Es uno de
los tantos puntos en contra que tiene,
ya que la escena del crimen no habría
sido preservada debidamente y él no
pudo constatar ni dirigir el levanta-
miento de las primeras pruebas en el
lugar del hecho.
Para empezar,
un sumario
E
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magistrado, a la espera de
toda la documentación de autop-
sia, libros de guardia y nombre
de efectivos intervinientes, envió un ofi-
cio al jefe de Policía para que inicie
un sumario administrativo a los fines
de deslindar responsabilidades en
ese ámbito.
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Los efectivos bajo sospecha pertene-
cen a la seccional 29, con asiento en
Santa Lucía, y a la División Crimina-
lística. El primer paso deberá darlo el
propio comisario general Luis Martí-
nez e informar, tras la sustanciación
del sumario, cuáles eran los efectivos
que en la noche del domingo 16 de
septiembre llegaron al domicilio de
calle Colón.
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La situación de los policías –un nú-
mero no determinado todavía- es
más que comprometida si se esta-
blece que hay pruebas para imputar-
les algunas de las figuras previstas
en el Código Penal.
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Una de ellas sería la de
encubri-
miento
y otra la de
incumplimiento
de los deberes de funcionario pú-
blico
, sin poder descartarse algún
agravante. Es que el cuadro infor-
mado al juzgado –puntualmente al
secretario letrado- distaría mucho de
lo que realmente había en la escena
del crimen.
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La Policía tiene directivas precisas
de cómo actuar en casos como
estos. El propio juez Heredia Zaldo
ha instruido que ante el menor indicio
de una muerte presuntamente vio-
lenta, debe darse aviso al juzgado de
Instrucción, para que de esta forma
el magistrado personalmente llegue
al lugar del hecho.
M
arta Cardozo, de 64 años,
fue encontrada asesinada
en su casa del Barrio Patri-
cia Sanjuaninas, en Desamparados,
en febrero del 2016. Estaba desnuda,
golpeada y con el rostro desfigurado,
además la autopsia demostró que le
saltaron encima cuando ya estaba
muerta. Por el caso,
hay un prófugo
que tiene pedido de captura, Ibra-
him Ledesma.
Los vecinos sintieron ruidos de vi-
drios rotos y una mujer dio aviso al
911. La telefonista que atendió nunca
dio aviso al Comando. Tal vez la
muerte podría haberse evitado. La in-
vestigación interna de la Policía de-
terminó la existencia de un llamado
alertando por esta situación. Como
resultado, la uniformada que recibió
el llamado fue cesanteada de la
fuerza.
La casa ubicada en calle Colón, en Santa Lucía, fue el escenario de un hecho policial. Los detalles que lo rodean, lo transforman en
un hecho que puede ser el punto de partida para un cambio radical en el accionar policial y de funcionarios judiciales.
Otro caso de relajamiento policial
