Se inició en San Juan, pero
como se investiga falsificación
de DNI y poderes notariales
truchos, quedó en manos de la
jueza Sandra Arroyo Salgado,
exesposa de Nisman. Hay seis
sanjuaninos involucrados,
pero nadie imputado.
U
n terreno emplazado en un punto
privilegiado de la ciudad, España
y San Luis, y cinco o seis nom-
bres reconocidos involucrados. Una puja
entre la Justicia sanjuanina y el fuero Fe-
deral, otras causas más en un juzgado Fe-
deral de San Isidro, provincia de Buenos
Aires y una trama compleja. Esta es la
síntesis de una denuncia penal presen-
tada en noviembre de 2012 ante la Fisca-
lía de Instrucción N° 1, a cargo de Daniel
Guillén, que recayó en el Quinto Juzgado
de Instrucción, en ese momento a cargo
de María Inés Rosselot.
Según la denuncia, un hombre que decía
ser Pedro Zinno, apareció con un su-
puesto poder de una empresa domiciliada
en Buenos Aires, APREMER S. A. Con
este poder otorgado supuestamente por el
presidente de la empresa, propietaria del
terreno, se hizo la venta del inmueble en
cuestión a un sanjuanino. Aquí aparece
otro dato llamativo que todavía no se in-
vestiga, pero que podría derivar en otra
causa en el fuero Federal: el boleto de
compraventa dice que se pagó 2.850.000
pesos, mientras que la escritura dice que
se pagó un millón de pesos.
La causa estuvo paralizada por tres años.
Una jueza Federal de San Isidro envió tres
oficios pidiendo que la magistrada se inhi-
biera. En el último de los oficios dijo que
iba a denunciar la situación ante la Cá-
mara. En ese momento ya estaba al frente
del juzgado Benedicto Correa, quien se in-
hibió por ser familiar político de uno de los
involucrados. No obstante Correa dijo que
la competencia para investigar correspon-
día al juzgado Federal N° 2 de San Juan,
a cargo de Leopoldo Rago Gallo. Rago
Gallo analizó el expediente e inmediata-
mente dijo que no era de su competencia
y lo derivó al juzgado Federal de San Isi-
dro, cuya titular es Sandra Arroyo Sal-
gado, exesposa del fallecido fiscal Alberto
Nisman.
¿Por qué
Arroyo Salgado?
La jueza Federal de San Isidro concentra
la investigación a través de varias causas.
5
POR UN VALIOSO TERRENO
Jueves 24 de marzo de 2016
Todo empezó por la denuncia del presi-
dente de la empresa, Néstor Saulino, por
la venta del terreno. Además, también la
jueza concentraba otra causa contra la
escribana que certificó el poder a quien
dijo ser Pedro Zinno, que en realidad era
otra persona. La escribana fue benefi-
ciada con la falta de mérito por haberse
comprobado que la documentación pre-
sentada para lograr ese poder era apó-
crifa. Esto fue corroborado por una causa
penal que llevaba el juez Claudio Bonadío
por sustracción de identidad al verdadero
Pedro Zinno. También la jueza Arroyo Sal-
gado acumula una causa por usurpación
que tramitaba en el Segundo Juzgado Co-
rreccional de San Juan, en ese momento
a cargo de Eduardo Jacinto Gil.
El viernes 18 de marzo, entre las 10 y las
14, una delegación de la Policía Federal
llegó hasta el Registro de la Propiedad en
busca de documentación relacionada con
el terreno. Fue por un exhorto que la
jueza de San Isidro giró a su par de San
Juan, Leopoldo Rago Gallo, para que
efectivizara el allanamiento.
Los involucrados
Seis son los involucrados, pero no imputa-
dos porque la causa en San Juan nunca
se instruyó y actualmente la jueza Arroyo
Salgado está ordenando medidas proba-
torias. Las personas son el escribano Ri-
cardo Luluaga, Osvaldo Hidalgo, César
Borrego, Miguel Ángel Aguilera, Fernando
Pintor y Reinaldo Echavarría. Este último,
aunque aparece como involucrado, re-
sultó siendo damnificado porque aportó
una suma cercana a los 600 mil pesos
para la compra del terreno, Echavarría fue
clave con su testimonio en la causa Civil
que tramita ante el Primer Juzgado Civil, a
cargo de Héctor Rollán, para lograr la nuli-
dad de la escritura.
El inmueble en cuestión. Allí funcionó una estación de servicios. La custodia privada es pagada por la empresa APREMER.
Una denuncia por estafa que
involucra a conocidos profesionales
—¿Cómo se inicia esta causa
penal?
—La causa comienza porque al conta-
dor de la empresa le salta un Código
de Oferta de Transferencia de Inmue-
bles, COTI, que otorga AFIP. Este
código revela el domicilio del in-
mueble a vender. Este COTI era
necesario para poder vender un
inmueble. El contador le con-
sulta a las autoridades de la em-
presa, éstos niegan cualquier
intención de venta y empie-
zan a averiguar. El
abogado que lleva
la parte Civil se
contacta con el
escribano Fer-
nando Pintor,
éste mani-
fiesta que el
comprador
es Ricardo
Luluaga
FERNANDO ECHEGARAY – ABOGADO
DE APREMER S.A EN LA PARTE PENAL
“En esta causa hay hasta DNI truchos”
pero que en ese momento estaba de
vacaciones, pero que había hablado
con él e iba a arreglar las cosas.
—¿Se quedaron con eso?
—No, para nada, hicimos la de-
nuncia en la Fiscalía de turno,
se le pide a la jueza Rosselot
que gire oficio al Registro
pero no lo hace. Como me-
dida directa se le envía una
carta documento a la directora
del Registro de la Propiedad
para que no se inscriba
esa escritura porque
hay una cuestión liti-
giosa. Ella, con
buen criterio, envía
un oficio al juzgado
para corroborar lo
de la denuncia y
la respuesta es
afirmativa.
