Viernes 12 de mayo de 2017
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Los encerramos con el
fin que la ejecución de la
pena sea que comprendan
y respeten la ley pero el
primero que no respeta la
ley es el Estado
que dibuja una firma es un analfabeto.
—¿Hay personal capacitado para aten-
der a una población carcelaria de
1.400 internos?
—Habría que dividir varios aspectos:
Uno, formación del personal penitencia-
rio, que es el personal de contacto que sí
tiene que tener una muy buena forma-
ción, porque es quien puede detectar si
hay problemas. Acá no se trata de al-
truismo, se trata de cumplir un rol profe-
sional con las herramientas necesarias,
que también garantizan la seguridad del
empleado, y con los equipos técnicos,
que son los que deben aplicar el trata-
miento. Eso es más que insuficiente para
la cantidad de internos que hay respecto
de la cantidad de personas nombradas.
En el caso de agresores sexuales, la ley
de Ejecución se modificó en el 2013, y
los que están condenados por este tipo
de delitos deben ser sometidos a trata-
miento por equipos especializados en
agresores sexuales. La realidad hoy es
que el tratamiento que la ley manda que
se aplique en los abusadores en la cár-
cel de San Juan no se hace. Perdimos 4
años. Ya hay 10 condenados que han
cumplido la mitad de la pena o sea hemos
perdido.
— Al juez le llega un informe técnico
sobre la situación del preso.
— De pésima calidad, bajísimo, pero no
por problemas de falta de capacitación
del personal que está nombrado, sino por
la cantidad de personas que tienen a
cargo. Cómo alguien puede tener 60 per-
sonas para evaluar y contestar oficios e
informes, imposible.
— Una cosa es evaluar la conducta
dentro de la cárcel y otra es qué cam-
bio en la mente.
— Eso es materialmente imposible ha-
cerlo con la cantidad de presos. ¿De
quién es la responsabilidad? Del Poder
Ejecutivo. ¿De quién depende el Penal?
Del Ministerio de Gobierno, entonces
¿quién debe dotar de los recursos sufi-
cientes si queremos hablar políticas de
seguridad? Empecemos a cumplir lo
que tenemos.
— La opinión de la gente común es
que Margarita tiene fácil la lapicera.
— No tengo la lapicera fácil, no sola-
mente en el tema de salidas transito-
rias sino en la concesión de prisiones
domiciliarias. No concedo con facili-
dad si no están todos los requisitos le-
gales ni la prisión domiciliaria ni las
salidas transitorias ni las libertades
condicionales.
—¿El tipo de delito se tiene en
cuenta o es lo mismo alguien que
robó en una propiedad sin lesiones
a un abusador o violador?
— En la ley se los diferencia desde el
2013, por eso requiere para los abu-
sadores un tratamiento especializado
en la cárcel y que sea evaluado tam-
bién por un psicólogo del juzgado.
— ¿Tiene psicólogo el juzgado?
— Si, un muy buen psicólogo, el licen-
ciado Raúl Muñoz. Está dedicado a
evaluar con métodos psicodiagnósti-
cos a agresores sexuales. No hace-
mos tratamiento, es la función del
Servicio Penitenciario hacer trata-
miento, pero tengo que verificar si lo
hacen y en qué condiciones se hace.
Resolvemos un incidente de salidas
transitorias con lo que ley establece,
con todos los informes que envía la
unidad carcelaria. Al tratamiento apli-
cado, la ley lo divide en cuatro: obser-
vación, tratamiento, prueba y periodo
de libertad condicional, que es para
abordar aspectos diferentes o sea de
objetivos que se establecen, y viene
con informes psicológicos que por ahí
son un refrito de otros informes. Esos
son los elementos, más el del Consejo
Correccional que opina si debe conce-
derse o no la salida transitoria, que
pasan a nosotros y luego enviamos a
Fiscalía, que emite una opinión que
normalmente es adversa. Para defen-
der a la sociedad, la pena se cumple
en unas determinadas condiciones,
que no se dan actualmente. No se han
dado en 10 años que llevo como juez
de Ejecución. No he visto que las cár-
celes sean como ley establece y la
Constitución pide.
Las capacitaciones en oficios tampoco tienen los cupos suficientes dentro del penal o algunas ya no se realizan.
