Viernes 7 de julio de 2017
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EL FISCAL FEDERAL CARLOS STORNELLI PIDIÓ SU DETENCIÓN
El pedido de detención del
exsecretario de Minería es por
su presunta responsabilidad
como funcionario del área en
posibles desvíos de fondos
públicos para la mina de Río
Turbio.
S
i el pedido de Fiscalía es aceptado
por el magistrado, el exsecretario
de Minería de la Nación, Jorge
Mayoral, podría terminar detenido junto al
ex ministro de Infraestructura, Julio De
Vido en la causa en la que se investigan
supuestos desvíos de fondos de YCRT,
Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Ma-
yoral fue jefe de Minería entre 2002 y
2015.
El eje central de las negociaciones entre
el gobierno de Cristina Kirchner, una uni-
versidad y una fundación fue para llevar
adelante un proyecto minero en Río Tur-
bio que nunca se concretó y que le costó
millones al Estado. Julio De Vido y quien
era el segundo del ministro, Roberto Ba-
ratta, firmaron más de 400 convenios con
la Universidad Tecnológica Nacional con
sede en Santa Cruz, para la recreación de
un ramal ferroviario llamado Eva Perón. A
este proyecto entre 2005 y 2015 el Estado
nacional le asignó 26.600 millones de
pesos.
Cómo era la maniobra
según Infobae
A
l principio solo
se analizaron
contratos y convenios celebrados
entre el ministerio a cargo de De
Vido, las municipalidades de Río Gallegos
y de Río Turbio y la Facultad Regional de
Santa Cruz (FRSC) de la Universidad Tec-
nológica Nacional. Estos acuerdos dieron
origen a un “Convenio Macro” para la
puesta en valor del ramal ferroviario Eva
Perón y la posterior construcción del “tren
turístico del yacimiento de Río Turbio”.
Luego de ese “acuerdo marco” se cele-
braron al menos 453 convenios con la Fa-
cultad Regional de Santa Cruz, que a su
vez le encomendaba las tareas compro-
metidas en los acuerdos a la Fundación
de la Facultad Regional de Santa Cruz y
esta última era la que terminaba contra-
tando a las empresas que se encargarían
de las obras. Todo esto se hacía en forma
directa, con contratos por montos meno-
res a los 14 millones de pesos para evitar
el llamado a licitación y en muchas de
esas operaciones se repetían las empre-
sas.
En todo este “pasamanos” la Facultad y
la Fundación cobraban cada una comi-
sión por la intermediación del 10%. Esta
operatoria ya de por sí implicaba un sobre
costo para el Estado Nacional. Tanto la
Facultad como su Fundación estaban ma-
nejadas por las mismas personas, es
decir, se contrataban a sí mismos. Esta
modalidad implicó un enorme perjuicio
para las arcas públicas, que el fiscal Car-
los Stornelli estimó en más de 840 millo-
nes de pesos. De la totalidad de ese
monto, entre la Facultad y la Fundación
ya cobraron 176 millones de pesos.
Al expediente inicial se le anexó por co-
nexidad otra causa, que comenzó por una
denuncia del interventor de Yacimiento
Pedido de
prisión para
Jorge Mayoral
Carbonífero Río Turbio, Omar Zeidán. El
funcionario relató que al momento de
asumir el cargo -a principios de 2016- las
estructuras y las adyacencias del yaci-
miento y los servicios del tren estaban en
estado de abandono pese a que entre
2005 y 2015 habían recibido 26.000 mi-
llones de pesos por parte del Ministerio
de Planificación.
Según un informe de la SIGEN, las
metas comprometidas en los convenios
estaban subejecutadas entre el 60 y el
90 por ciento. De acuerdo con las audito-
rías, YCRT nunca observó ninguno de
los presupuestos que le enviaba la Fa-
cultad Regional de Santa Cruz pese a
las enormes irregularidades que registra-
ban. Entre ellas, alteraciones del tipo de
cambio, redondeo de cifras hacia arriba,
sobrecostos, falta de claridad o especifi-
cidad de los rubros, ausencia de soporte
técnico, sólo por mencionar algunas.
Ninguno de los convenios fue refrendado
por el rector de la UTN ni tampoco apro-
bados por el Consejo Superior. La Facul-
tad Regional de Santa Cruz no dictaba
ninguna carrera relacionada en forma di-
recta con los servicios por los cuales se
obligaba a través de los convenios con el
Estado Nacional.
UN FALLO FEDERAL PONE A LA MINERA CHILENA CONTRA LAS CUERDAS
Pelambres, sin excusas para no sacar escombros de la cordillera
A
la minera Luksic, que explota
Pelambres en el lado chileno, se
le van terminando los argumen-
tos. Primero fue el Juzgado Federal de
San Juan el que dijo que había invadido
territorio argentino y allí había deposi-
tado escombros de la actividad que de-
sarrolla. Ahora es un tribunal superior el
que opina de la misma forma. La firma
quiso hasta crear un supuesto conflicto
limítrofe, lo que el fallo descarta por com-
pleto. Además, la provincia busca que se
cumpla la medida cautelar, es decir que
se retire la totalidad de los desechos tira-
dos en la cordillera.
Pero hasta el momento hay un cabo
suelto: el territorio sanjuanino donde se
depositaron los desechos mineros está
concesionado a Glencore, vale decir que
tiene responsabilidad plena.
El fallo de la Cámara Federal de Men-
doza, que ratifica lo dicho oportunamente
por el juez federal Miguel Gálvez, obliga
a la empresa a retirar todos los escom-
bros que allí dejara y que dice haber reti-
rado, aunque en menor escala a lo que
depositó. De hecho la posición de la em-
presa fue sacar los neumáticos que esta-
ban a la vista pero no la roca que allí
quedó.
El caso salió a luz por una publicación de
El Nuevo Diario
, en febrero de 2015. El
abogado Marcelo Arancibia explicó que
junto a Pino Solanas y Diego Seguí hi-
cieron una presentación en el Juzgado
Federal contra la empresa Pelambres
por “...una mega escombrera con más de
55 millones de toneladas estériles que
están contaminando la naciente del Río
San Juan” y 600 neumáticos de camio-
nes fuera de ruta.
El argumento de Glencore es que la mi-
nera de la familia Luksic usó a la Argen-
tina (donde la minera anglo-suiza tiene
un proyecto minero) como un basural,
causando daños medioambientales y
económicos. Glencore exige que Pelam-
bres traslade el botadero a territorio chi-
leno, y lo indemnice. El costo de eso as-
cendería a 200 millones de dólares más
la indemnización. La minera chilena ha
dicho que eso es impracticable, ya que
significa mover 27 millones de toneladas
de material y el daño ecológico sería
enorme.
En su defensa, Pelambres aduce que la
construcción de la escombrera fue con-
secuencia de actos soberanos ejercidos
sobre una zona de frontera cuyo límite
presentaba dudas interpretativas y que
fue señalizado por ambos países en el
año 2012. Sin embargo, tal afirmación
pierde todo sustento cuando –a la inexis-
tencia de conflicto limítrofe - se suma lo
manifestado por el propio subdirector de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de la República de
Chile, Álvaro Arévalo Cunich, en nota di-
rigida al juez del Primer Juzgado Civil de
Santiago expresa que coordinó la insta-
lación de señales intervisibles en 2012 y
que no se modificaron los límites.
La minera chilena llegó a un acuerdo con
el gobierno para cerrar el botadero de
cerro Amarillo, para lo cual invertirá 20
millones de dólares. Sin embargo no
cumplirá con el principio de remediación.
Julio De
Vido y
Jorge Ma-
yoral po-
drían
seguir
compar-
tiendo
cosas,
ahora una
celda.
Estos neumáticos ya no están, pero al parecer quedan más, que estarían enterrados.
