Viernes 3 de noviembre de 2017
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OTRA VEZ EL ESTADO BOBO TIENE QUE PAGAR
Fiscalía quiere saber qué
sistemas de actualización
utilizaron. Lo raro es que
hay un reclamo adminis-
trativo por la misma obra
por 2,5 millones de pesos.
Hasta el 15 de noviembre
la perito puede explicar
cómo llegó a esa cifra.
U
na pericial contable reali-
zada por una profesional
designada por sorteo en el
marco de un proceso judicial de-
sató otro escándalo y obligó a Fis-
calía de Estado a ajustar detalles
para no tener que desembolsar 93
millones de pesos por unas obras
realizadas en el año 94 y que no
fueron pagadas por el gobierno de
la época. La sentencia de un juez
de Primera Instancia condena a la
provincia al pago de esos certifica-
dos de obra.
l l l
Pero no es el único punto escanda-
loso. Es un escándalo también que
todavía se esté discutiendo el pago
de dos obras realizadas hace exac-
tamente 24 años atrás. También es
un escándalo que una vez que
esas obras se hicieron, se rescindió
el contrato, no se pagó y se conso-
lidó la deuda. Pero hay más: por
ejemplo, el hecho de que se hayan
firmado dos convenios entre el go-
bierno y la empresa y ninguno se
haya cumplido. Tampoco se res-
petó el criterio de Rafael Martínez
Raymonda, impulsor de la Ley
24.283 -de desindexación, interrup-
ción de la actualización, valor real,
valor del bien, enriquecimiento sin
causa-; quien propiciaba que en
este tipo de juicios no debía per-
derse de vista el valor real de la
cosa al momento del reclamo y de
practicarse la liquidación final.
l l l
La obra en cuestión son tres baños
en el Hospital Rawson con los co-
rrespondientes desagües cloacales
y otra obra de ampliación en la es-
cuela Florencio Nitinghale de 25
de Mayo. En aquel momento el pre-
supuesto era de 300 mil pesos,
pero como se declaró la emergen-
cia económica, los certificados de
obra entraron en la consolidación
de deuda. Además, la empresa ini-
ció un reclamo administrativo por
2,5 millones de pesos al 31 de
agosto de 2008, razón por la cual
hace más inexplicable el monto de-
terminado por la perito, según la
versión del Estado.
Cómo se llega a una
indemnización de $93.000.000
Estos son los baños de la discordia y por los que el Estado debería pagar 93 millones de pesos.
La demanda
E
l monto reclamado al 31 de
agosto del 2008 por la em-
presa IVACO SRL, la deman-
dante, era de 2.532.596 pesos más
IVA, aduciendo que era incorrecta la
aplicación de las leyes de consolida-
ción a un contrato realizado en el
marco de la Ley de Obras Públicas.
También en la causa se reclaman
daños y perjuicios por lo que la em-
presa entendía era una rescisión in-
justificada de la obra contratada. La
demanda ingresó en diciembre de
2008 en el Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo, en ese momento la jueza
era María Josefina Nacif, aunque no
tuvo contacto con el expediente por-
que fue designada como jueza de Cá-
mara Civil. Fue la nueva jueza,
Adriana Tettamanti, quien llevó ade-
lante el proceso.
El reclamo se divide en seis partes:
l
Gastos improductivos
l
Intereses impagos sobre
adicionales y sus intereses
l
Devolución de fondos de
reparos adeudados y sus
intereses
l
Reclamo por aplicación de la
ley de Consolidación de deudas
del Estado provincial.
l
Intereses adeudados
l
Variación de alícuota imposi-
tiva adeudada
Las sentencias
La jueza Tettamanti hizo lugar en
todas sus partes a la demanda de la
empresa y estableció que durante la
ejecución de sentencia se realizaría
la liquidación correspondiente. Para
ello se procedió al sorteo de un perito
inscripto en el listado de la Corte y re-
sultó el nombre de Patricia Alday.
En el año 2014 Alday presentó una
planilla de liquidación por 14 millones
de pesos, lo que fue rechazado por la
jueza ya que no se habían contem-
plado todos los ítems, razón por la
cual debió ampliarla. Fue así que en
la liquidación presentada y aceptada
por la magistrada, el monto total a
pagar por el Estado asciende a 93 mi-
llones de pesos. La pericia no es vin-
culante con la decisión final que
adopte la jueza.
Previo a dictar sentencia, se realiza-
ron dos audiencias de conciliación.
En la primera la provincia no asistió y
en la segunda fue con instrucciones
del entonces fiscal de Estado, Gui-
llermo de Sanctis, de no arreglar en
esta instancia.
Datos curiosos
En sus fundamentos, la jueza de Cá-
mara Civil María Josefina Nacif sos-
tuvo que la demandada, en este caso
la provincia, presentó fuera de tér-
mino la oposición a la prueba ofrecida
por la empresa. Esto se basa en que
la abogada de Fiscalía de Estado,
Mirta Flores, adjuntó copias que tenía
en su poder luego de que resultaran
frustradas las medidas para que la re-
partición correspondiente remitiera
los expedientes administrativos, lo
que era obligación pero no lo hizo.
Otro dato curioso que ayudó a llegar
a esta cifra de 93 millones de pesos
pasa por el hecho que el Estado reco-
noció que había rescindido el contrato
y que a la empresa le otorgaron títu-
los de consolidación de deuda.
