5
Viernes 5 de agosto de 2016
L
a causa en la que la Justicia Federal in-
vestiga borrado de deudas de AFIP y fac-
turas truchas, podría dar un respiro a las
autoridades del municipio de Caucete, aunque
no zafarían de responder judicialmente por esto.
Es que a medida que avanzan las actuaciones
que lleva adelante el juez Leopoldo Rago Gallo,
se va extinguiendo el argumento para que el in-
tendente Julián Gil pueda ser imputado en el ex-
pediente junto a Pedro Rodrigo Bustos.
Un municipio no tiene IVA compra ni IVA venta,
por lo tanto si hay facturas truchas esto podría
transformarse en una estafa o algún delito simi-
lar que debería ser investigado por la justicia or-
dinaria. Precisamente hacia eso se encaminan
Gil y Bustos. Incumplimiento de los deberes,
fraude en perjuicio de la administración pública,
son algunas de las figuras penales que podrían
surgir.
Por esa razón es que Rago Gallo trata de cerrar
el cerco para saber si el expediente con el nom-
bre de Gil y Bustos sigue en el fuero federal o
pasa a la justicia ordinaria.
Las escuchas
La vinculación del intendente Julián Gil y del
proveedor Pedro Rodrigo Bustos surge a partir
de las escuchas realizadas por AFIP. Allí se re-
vela que Bustos facturó por el servicio de segu-
ridad para la Fiesta de la Uva y del Vino,
también por 7 mil sillas para ese evento, 35 me-
tros de valla, 20 baños químicos y una carpa de
24 metros cuadrados. Pero también las escu-
chas revelan que Bustos depositó 2 millones de
pesos en una cuenta suya. De todo esto habría
RAGO GALLO ESTUDIA GIRAR LA CAUSA A LOS TRIBUNALES ORDINARIOS
tenido conocimiento el jefe comunal.
Con este panorama, todo lleva a pensar que se
sacaron fondos del municipio a cambio de trabajos
o servicios que no se hicieron ni se prestaron.
Pero también exime a Gil de la figura de la asocia-
ción ilícita, al menos en el fuero federal. Si pasa el
expediente a la justicia local, todos los presuntos
delitos que podrían investigarse son excarcela-
bles. La presunción es que con las facturas tru-
chas se habrían pagado trabajos que no se
realizaron y servicios que no se brindaron.
Pero las escuchas telefónicas no es lo único que
une a Gil con Bustos. Incluso hay un documento
aportado por la concejal Romina Rosas, del FpV,
en el cual Bustos aparece firmando como director
de Obras. Tal fue el escándalo, que Gil terminó
denunciando penalmente a su amigo.
Julián Gil podría zafar de la investigación
federal, pero no de la provincial
Julián Gil, a la derecha,
y Pedro Rodrigo Bus-
tos, a la izquierda, po-
drían verse envueltos
en una causa judicial
provincial. Deberían
responder por trabajos
y servicios que no está
claro si se hicieron o
prestaron.
