Asesorado por un equipo
de abogados, el fiscal de
Estado va por otro frente
judicial: la nulidad de las
sentencias, firmes o no,
de una veintena de
expedientes de las
expropiaciones. Si lo logra,
la provincia se ahorra
millones y hasta podría
recuperar algo de lo pagado.
Q
ue la Justicia sanjuanina diga
algún día que una veintena de
expedientes de la causa expro-
piaciones son producto de un proceso
fraudulento o írrito, sería un ideal desde
el punto de vista del Derecho. Al menos
ese es el objetivo que persigue el fiscal
de Estado, Guillermo de Sanctis, ba-
sado en que los procesos expropiatorios
eran aparentes, o sea que los pasos se
cumplían pero estaban viciados. El caso
Carbajal, en el que se pagaron 11 hec-
táreas expropiadas a través de la re-
construcción un expediente con partes
de otros tres, es el caso más emblemá-
tico del fraude procesal, según la Fisca-
lía.
Lograr la nulidad de las sentencias y
evitar así pagar sumas millonarias, es lo
que busca De Sanctis. Pero también, si
se pudiera, recuperar lo ya abonado de
manera supuestamente fraudulenta. Por
ejemplo, los 23 millones de pesos paga-
dos por el expediente “Ruiz, Guillermo”,
conocido también como la vereda de
San Vicente de Paul, o los 11 millones
del juicio “Anes”, por terrenos del
Cuesta del Viento, entre otros pagos.
Hoy las causas sospechosas están fre-
nadas por una cautelar penal, pero
cuando se levante esa medida entrará a
tallar la estrategia de De Sanctis para
lograr la nulidad de esos procesos. Por
estos días esa teoría —que desde hace
tiempo viene alimentando el fiscal de
Estado junto a su asesor externo,
Rubén Pontoriero—, encuentra respaldo
en un hecho relevante en la Justicia Fe-
deral: la posibilidad de revisar el sobre-
seimiento del matrimonio Kirchner por
enriquecimiento ilícito, resolución adop-
tada en primera instancia por el exjuez
Norberto Oyarbide.
la verdad, porque bloquear la posibilidad
de enjuiciar nuevamente al funcionario X
es una distorsión de la garantía”
.
Las causas nulas
en San Juan
S
egún el fiscal de Estado, este insti-
tuto de la cosa juzgada írrita ha
sido excepcionalmente en tres
causas en San Juan, una de los cuales
tiene sentencia firme.
Caso Recabarren:
Se obtuvo la posesión
veinteañal de 28 mil hectáreas ubicadas
mayoritariamente Zonda y una porción del
inmueble en Sarmiento. En primera Ins-
tancia obtuvo sentencia favorable porque
se presentó una mensura adulterada, en
la cual se ocultó la existencia de una ruta
provincial y se la hizo aparecer como hue-
lla. También se habían “obviado” varios
cursos de agua, todos bienes de interés
públicos. Alertado el juez por un oficio de
la Dirección de Geodesia y Catastro,
envió las actuaciones a la justicia Penal.
Juzgar lo mal juzgado
H
ace dos semanas, el diario Perfil
publicó en su revista Domingo,
un artículo titulado “Juzgar lo mal
juzgado”, basado en el libro de Federico
Morgenstern “Cosa juzgada fraudu-
lenta”. Si bien el libro citado hace refe-
rencia a revisar una sentencia del fuero
Penal, el medio apuntó a la causa que
tuviera Oyarbide.
No obstante, la publicación no aclara
que en cualquiera de los fueros y en
cualquier instancia un proceso judicial
puede ser anulado por el juez si com-
prueba que hay un fraude. Según la pu-
blicación periodística,
“...en sistemas
con bajos niveles de eficiencia investiga-
tiva o de mucha corrupción los juicios
pueden llegar a estar viciados casi siem-
pre, por lo cual sería muy fácil reabrir
causas cerradas... Un mundo sin cosa
juzgada y ne bis in ídem (NdelaR: No
dos veces por lo mismo) sería invivible.
Pero la relativización de la cosa juzgada
absoluta no es equivalente a una disto-
pía; la única distopía es el desprecio de
Viernes 13 de mayo de 2016
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MEGACAUSA POR LAS EXPROPIACIONES
De Sanctis busca anular sentencias
y recuperar el dinero pagado
La famosa vereda de San Vicente de Paul. Por ese inmueble se pagó entre capital, intereses y
honorarios la suma de 23 millones de pesos.
Paralelamente Fiscalía de Estado hizo la
presentación para obtener la nulidad de
esa sentencia considerada fraudulenta.
Tello — Cortés:
Es el caso relacionado
con una posesión veinteañal planteada
por un grupo de pobladores de Baldes de
Rosario, en Valle Fértil, y que absorbía a
otro pueblo, Baldecitos. La Justicia dio la
razón al reclamo y un grupo de privados
se quedaba con el pueblo. Fiscalía de
Estado pidió la nulidad. Todavía no hay
fallo.
Provincia de San Juan contra Herrera
de Rodríguez y otro:
Es por la venta de
una vivienda del IPV, que no estaba can-
celada, por tanto el Estado era el propie-
tario. El adjudicatario se la vendió a otro
particular, lo que está expresamente
prohibido, y como no se canceló esa
venta se intentó un desalojo, todo en el
marco de un conflicto entre particulares.
El Estado no estaba anoticiado, al ente-
rarse se hizo parte y como había senten-
cia firme, se pidió la nulidad por cosa
juzgada írrita y la Justicia falló en favor
del IPV, fallo que ya está firme.
